Estrategias de lucha contra la radicalización, en Francia
Francia tiene una larga tradición de protestas sociales: desde las protestas estudiantiles de Mayo del 68, hasta los chalecos amarillos de nuestros días, la sociedad, el Estado y el sistema democrático han desarrollado la capacidad de transformarse, acogiendo algunas de las demandas que estos movimientos expresan, pero también canalizando las violencias que ponen periódicamente en jaque la gobernabilidad. Algunas de estas experiencias pueden ser útiles en las circunstancias actuales que atraviesa el país.
La canalización de las violencias anti-sistema se ha hecho acá a través de medidas focalizadas. Desde un lugar de observación participante, como investigadores y actores de la sociedad civil, hemos sido partícipes durante los últimos quince años de la implementación de algunas de estas políticas locales territoriales. Quisiera mencionar algunos de estos dispositivos. No es una lista exhaustiva, son ejemplos, cuyo contexto y funcionamiento tienen que leerse a la luz de la realidad local.
Cohesión social: en las provincias que concentran más dificultades sociales, además de un intendente (Prefecto) responsable localmente del funcionamiento del aparato del Estado y de la política del gobierno, se creó la función de Prefecto delegado a la igualdad de oportunidades. Estos prefectos juegan un rol político y de negociación con los alcaldes, con la administración territorial y con la sociedad civil organizada. Disponen de un presupuesto para políticas focalizadas, que distribuyen a través de fondos concursables. Una red de delegados territoriales intervienen en las comunas y los barrios donde lo requiere la situación. Estos delegados favorecen y controlan la aplicación de políticas públicas y programas de cohesión social, financiadas por el Estado y ejecutadas por los servicios de los municipios o por otros actores locales tales como ONG y/o investigadores de terreno.
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Relación policía-población: ha habido muchas idas y venidas entre la función represiva de las policías y sus funciones de prevención primaria. A principio de los años 2000 se suprimió la policía de proximidad, considerada poco eficiente en términos de las funciones tradicionales de mantenimiento del orden. Esta fue reemplazada por labores de prevención, ejecutadas sea por equipos especializados de funcionarios, sea por los Delegados de cohesión policía-población. Estos últimos son, en general, antiguos oficiales o comisarios con una vasta experiencia de terreno, que intervienen en los barrios con déficit social, en establecimientos escolares o en las redes de la sociedad civil y del tejido económico, con el objetivo de favorecer un diálogo fluido con la población. Estos agentes aseguran también una forma de escucha de lo que ocurre en sectores donde el Estado está poco presente, que le permite llevar al gobierno central el pulso de lo que sucede en los territorios.
Prevención de la radicalización. La radicalización islámica, considerada como alienígena por gran parte de la población francesa, ha sido también objeto de políticas públicas, para su contención. Hay un Comité interministerial de prevención de la delincuencia y de la radicalización, dotado de un presupuesto que es distribuido territorialmente para proyectos y políticas locales. Hay también un número verde nacional, cuyos llamados son respondidos por un equipo del Ministerio del interior, que filtra e investiga las posibles derivas de radicalización. La mayor parte de los casos son orientados hacia células locales en las que participan representantes del tejido social local (equivalentes de los Seremis, comisarías, mundo asociativo especializado) para hacer un trabajo de prevención. En Europa, se ha desarrollado también una experiencia para luchar contra distintas formas de radicalización más endógenas, como las que son originarias de la extrema derecha o de la extrema izquierda. El RAN (Radicalisation awareness network) es una instancia financiada por la Comisión Europea en la que representantes de las administraciones, investigadores y agentes de terreno (practitioners) de países de la Unión Europea intercambian experiencias sobre estas temáticas en función de las realidades locales.
Todos instrumentos para proteger a la población y a la democracia.