Justificable impacto ha provocado en la opinión pública el sometimiento a proceso del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba -quien detentó el cargo entre 2010 y 2014-, bajo el cargo de malversación de fondos públicos por $ 3.500 millones, dineros provenientes de los fondos reservados de la institución. De acuerdo con los antecedentes del proceso, ello le habría permitido mantener un lujoso nivel de vida, realizar viajes al extranjero con su cónyuge o familiares, y financiar regalos para matrimonios o para personal del Ejército, entre muchas otras materias.

Un antecedente de especial complejidad es que también se ha podido constatar que ex comandantes en jefe del Ejército recibían, con cargo a los fondos reservados de la institución , una asignación en efectivo -que llegó hasta $ 800 mil mensuales, hasta que fue suprimido recientemente por disposición institucional-, lo que podría abrir insospechadas aristas; asimismo, consta en el proceso pagos de sobresueldos a parte del círculo más cercano de Fuente-Alba.

Estas revelaciones han adquirido ribetes escandalosos, y desde luego generaron honda preocupación no solo por el desprestigio que una situación así supone para la imagen del Ejército, sino también por la posibilidad de que prácticas tan graves como la malversación de fondos al más alto nivel -una de las tantas formas que toma la corrupción- pudiera haberse enquistado en la institución. De momento no hay sentencias dictadas sino que se trata de un proceso que está en su fase inicial; de tal manera que no cabe aún hablar de culpabilidad y la garantía de presunción de inocencia rige en plenitud. Será labor de los tribunales determinar si estas conductas son constitutivas de delito, pero el solo hecho de que se hayan verificado supone ya un grave daño al prestigio de la institución, por lo que debe ser de su máximo interés que esta irregularidad se despeje a la brevedad -con sanciones ejemplificadoras si es el caso- y de manera totalmente transparente hacia la ciudadanía.

El irresponsable uso de fondos reservados que ha quedado a la vista sugiere que el control interno sobre dichos recursos ha sido extremadamente laxo, y las revisiones que la Contraloría realiza son apenas formales. Dichos fondos, conforme a la ley, en el caso de las Fuerzas Armadas deben tener por destino únicamente funciones relacionadas con la inteligencia y la seguridad, y su fiscalización resulta compleja porque no están sujetos a una rendición de cuenta detallada. De allí que es indispensable reformar las normas relativas a gastos reservados, de tal manera que manteniendo su carácter de sigilo para tareas relativas a la defensa, su control sea mayor. El proyecto de ley que envió el Ejecutivo -en que se pone fin a los pisos mínimos, y da un rol más protagónico a la Contraloría, pero manteniendo niveles de reserva- puede ser un buen primer paso, sin perjuicio de que el Ejército debe partir modificando los criterios con que se utilizan dichos recursos. Es evidente que ninguna ley será capaz de reemplazar un elemental sentido de responsabilidad que le cabe a toda institución pública en el cuidado de los fondos públicos que recibe.