Gobernar supone actuar sobre una realidad que rara vez cambia a similar ritmo que las decisiones políticas. Una ley puede ser aprobada en semanas; una reforma, después de meses de negociación. Pero, recuperar el crecimiento, crear empleos o disminuir perceptiblemente la delincuencia requiere mayor espera. Esta diferencia entre el tiempo de las decisiones y el de sus resultados constituye hoy uno de los principales desafíos del gobierno.

Durante sus primeros meses éste ha impulsado iniciativas relevantes en materias que estuvieron en el centro de su propuesta: seguridad, crecimiento, inversión, empleo. Algunas han avanzado en el Congreso, otras comienzan a implementarse. Sería injusto desconocerlo. Pero, también sería un error pensar que la aprobación de una ley o el anuncio de una política pública generan, por sí mismos, el efecto deseado.

La ciudadanía no habita en el Diario Oficial. Vive en barrios donde espera poder caminar con tranquilidad, en familias preocupadas por encontrar o conservar un empleo, en pequeñas empresas que necesitan vender, en hogares cuyo presupuesto sigue estrecho. Por eso, inevitablemente, existe una distancia entre los indicadores con que un gobierno mide su gestión versus aquellos con que las personas juzgan su experiencia cotidiana.

¿Cómo enfrentar esa brecha sin caer en el cortoplacismo? Ante todo, concentrando los esfuerzos. Cuando demasiado es prioritario, finalmente poco lo es. Empleo, crecimiento y seguridad parecen exigir actualmente una especial dedicación del gobierno, no solo legislativa, sino de administración. Mínima dispersión y máxima capacidad ejecutiva parecen ser cruciales.

La aceptación de una reforma no termina una tarea gubernativa: la inicia. Reglamentos oportunos, encargados identificables, coordinación entre organismos, plazos conocidos y evaluación periódica, deberían acompañar las principales políticas. Gobernar obliga a seguir la trayectoria de las decisiones hasta asegurar que ellas impacten en la práctica.

Habrá que combinar dos tiempos. Chile requiere transformaciones estructurales cuyos frutos tardarán en ser visibles. Sería irresponsable abandonarlas por buscar logros inmediatos. Pero las familias subsisten en el presente. El gobierno precisa, por tanto, acompañar esas grandes modificaciones con disposiciones de transición capaces de aliviar problemas urgentes, especialmente el desempleo, sin sacrificar la responsabilidad fiscal.

La prudencia demanda priorizar, ejecutar, medir y, cuando sea necesario, corregir con prontitud. Quizás ese sea el desafío para el segundo semestre del gobierno. Ya ha dedicado un esfuerzo considerable a abrir caminos. Ahora, debe compaginar la continuidad de esa imprescindible tarea con obtener que los cambios comiencen a mejorar la jornada diaria de los ciudadanos.

En último término, gobernar implica conseguir que, gracias a las medidas adoptadas, la realidad de las personas sea más auspiciosa.

Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, Universidad de los Andes