En Chile se puede tener una mina durante cien años sin producir una tonelada de mineral. Basta con pagar la patente. Ninguna de las potencias mineras con las que Chile compite lo permite.

La patente no es un impuesto. Las minas son del Estado, que las concede a privados con una condición: trabajarlas. Chile no exige prueba de ello, sino que cobra una patente en su reemplazo, y quien no la paga pierde la concesión. Su fin no es recaudar, sino que la mina se trabaje. Por eso importa cuánto se cobra y a quién.

En 2022 una ley tributaria reformó las patentes con un fin recaudatorio, financiar la PGU, sin escuchar a la industria. Recién en 2023, al corregir el descalabro, apareció el objetivo minero: que suelte tierra quien no la trabaja para que otro la explore o explote. La intención es correcta. El diseño no, como muestra el informe de la Comisión de Minería del Senado.

El informe revela que la recaudación se triplicó en dos años, no por liberación de territorio, sino porque a la minería no metálica se le multiplicó por doce la patente para cobrarle igual que al cobre.

Se afirma que una patente cara obliga a soltar concesiones ociosas. El informe muestra lo contrario: 6,2 millones de hectáreas están expuestas a remate, un cuarto del catastro nacional, y seis de cada diez vuelven a la nómina al año siguiente, sin comprador. El Fisco remata lo que ya remató y llama a eso política minera. Eso no es liberar territorio: es estatizar patentes.

Defender la progresividad con datos exige que haya existido. La escala parte en 0,4 UTM por hectárea y sube a 0,8 al sexto año; la ley lleva tres ciclos de pago, así que ninguna concesión ha pagado más de 0,4. Sus defensores llaman resultado al efecto que ha tenido el cobro de una patente plana de 0,4, la misma que el proyecto en discusión conserva.

Los más perjudicados con la reforma fueron los pequeños y medianos mineros: titulares de hasta 500 hectáreas, que representan el 85% de los concesionarios y apenas el 5,7% de la superficie. Toda mina nueva empieza con exploración, ellos encuentran vetas donde la gran minería no. Una política que no asegura la diversidad del ecosistema y que expulsa al 20% de sus titulares más pequeños en tres años no corrige el acaparamiento: lo consolida.

El instrumento actual tampoco distingue entre sustancias. Trescientas hectáreas de caliche generan una utilidad del orden de US$200 millones; las mismas en cobre de ley media, US$27.700 millones. Cobrarles lo mismo carece de lógica: la ley distinguió metálicos de no metálicos durante más de un siglo, hasta 2022. Corresponde restablecer la patente diferenciada.

La discusión debe focalizarse en identificar al verdadero perro del hortelano, el que no come ni deja comer. No es el pequeño minero. El 0,2% de los titulares concentra más de la mitad de la superficie de explotación, Codelco a la cabeza. A los grandes titulares la reforma no los impactó: el 98% prefirió pagar 0,4 antes que acreditar uso, y así 6,3 millones de hectáreas siguen en las mismas manos.

En Australia y Canadá la regla es use it or lose it: el titular no le paga al Estado por conservar la concesión, sino que invierte en ella y rinde cuenta: sondajes, geofísica, muestreo. Sin ese trabajo acreditado, la concesión caduca. En Chile la regla es pague y quédese, y así no se descubre nada.

Por eso la política minera debe distinguir por titular: a la gran empresa, permanencia condicionada a inversión verificable y caducidad si no la hay; a la exploradora y al pequeño productor, patente baja, trámite único y acceso a capital.

Cuando la ley del mineral se agota, no se corrige cobrando más caro la hectárea que nadie explora, sino haciendo que alguien la explore. Este es el primer proyecto minero del gobierno, y el desafío es elevar el estándar de la discusión con estas distinciones. Son engorrosas y son necesarias: sin ellas no habrá política minera capaz de convertir el auge de los minerales críticos en progreso para Chile.

*La autora de la columna es abogada y directora de empresas