Me parece que, en el tema de la preocupante caída en la formalidad del empleo, está jugando un rol el desequilibrio en las recompensas y castigos que influyen en la decisión de ser formal o informal.

En particular, me refiero a que el poder sancionatorio del Estado no se centra suficientemente en la búsqueda y sanción de empresas que operan en la informalidad, sino que en sancionar a quienes declaran sus impuestos, y operan en la formalidad. La opción de la formalidad tiene el costo de pagar impuestos y el costo de posibles sanciones (en dinero, o en el tiempo destinado a responder solicitudes de información). Es lo que un buen amigo decía recientemente: entre la alternativa de salir a cazar en la selva, o cazar en el zoológico, es mucho más fácil cazar en el zoológico, pero no tiene sentido.

Podemos pensarlo usando el “dilema del prisionero”. En dicho tradicional problema los carabineros separan a dos cómplices y les presentan con la alternativa de confesar o no confesar. Si ninguno de los dos confiesa salen libres, si uno confiesa y el otro no, el que confiesa recibe una condena ligera y el que no una severa. Si ambos confiesan, ambos reciben una condena intermedia. La estructura de los mayores o menores castigos está armada de tal manera que la decisión racional para ambos es confesar. El dilema está justamente allí: a ambos les conviene callar, pero los incentivos los llevan a confesar. Mi temor es que en forma similar a este dilema, si bien desde el punto de vista social nos conviene que todos seamos formales, hay incentivos para que algunos sean informales. Dichos incentivos resultan justamente de la estructura de mayores o menores castigos de ser formal o informal, que pareciera estar desalineada.

¿Qué hay que hacer para cambiar esta ecuación? Hay que aumentar los beneficios y disminuir los costos de ser formal. Por un lado tiene que ser evidente para las empresas formales que los recursos que ellos aportan al Tesoro son bien gastados, en bienes que hacen más fácil y más barato hacer negocios (infraestructura, seguridad, etc.). Por el otro, que los castigos por evadir impuestos y ser informal superan a los costos de aquellos que los declaran y tratan de cumplir la ley.

Volviendo al ejemplo del inicio respecto de la caza en el zoológico, el punto es que el poder sancionatorio del Estado se centra paradójicamente en los formales. Eso contribuye a desequilibrar los incentivos que enfrentan las empresas en una forma que no le sirve a la sociedad. Uno de los problemas para resolverlo está en que la estructura completa de mayores y menores castigos depende de instituciones diferentes, pero es justamente lo que resulta de todo ello lo que se requiere revisar: se necesitan incentivos institucionales que penalicen la informalidad y premien la formalidad, ambos con la fuerza adecuada. No parece que estemos hoy en dicho escenario.

Por Claudio Sapelli, Faro UDD