Independientes y Constitución: atrapados sin salida



Por Álvaro Ortúzar, abogado

El acuerdo alcanzado por los partidos políticos impide, en la práctica, que personas independientes puedan participar en la redacción de la nueva Constitución. La gran mayoría de los ciudadanos no milita en algún partido político ni tiene ninguna injerencia en los mecanismos para seleccionar a los comisionados. No debe olvidarse que el verdadero independiente es aquel que no comparte los programas de las organizaciones políticas, no simpatiza con alguna corriente partidaria o, sencillamente, no le interesa o desaprueba la gestión de los partidos. Tiene su propio pensamiento ilustrado. Tampoco son figuras públicas, ya sea por sus actividades o porque prefieren no tenerla. Entonces, quedarán fuera, por ejemplo, los profesores universitarios y abogados con profundos conocimientos jurídicos, exjueces o ministros de la Corte de Apelaciones, Suprema o Tribunal Constitucional, conocidos y respetados solo entre sus pares.

El objetivo fundamental que debería haber alcanzado el acuerdo para la selección de comisionados que contribuyeran a la preparación de la Carta Fundamental, exigía la participación no solo de políticos. Esto se ha frustrado. No se tomarán en cuenta los antecedentes y preparación de quienes no militan ni adscriben a las ideas de los partidos. Si quieren participar, estarán obligados a renunciar a su independencia y así, casi implorando, obtener la candidatura con el patrocinio de un partido o la reunión firmas de adhesión inalcanzables. Ello importa una evidente discriminación. Ningún partido ha entregado detalles de lo que, de acuerdo a sus programas, debe ser parte de la matriz de la nueva Carta Fundamental. Es arbitrario que se les exija postular a su patrocinio, sin conocer antes su real ideario.

Es evidente que los partidos y autoridades que alcanzaron el acuerdo establecieron los mecanismos de selección pensaron solo en ellos y sus simpatizantes. Entre las cuatro paredes de siempre, han impuesto requisitos y condiciones imposibles de cumplir. En pocas palabras, se atribuyeron la hegemonía de redactar la Constitución y arbitrariamente excluyeron a personas con suficiente preparación. En el hecho, su redacción girará sobre un solo eje: la postura política de los partidos, sin mirar el país y el orden social deseable, sino sus propios postulados.

Habría sido más razonable que, advirtiendo esta realidad, se hubiera acordado que los interesados independientes se seleccionaran, por ejemplo, con una postulación ante el Pleno de la Corte Suprema, previa rendición de un examen; incluso ante el Senado, frente a una comisión paritaria de parlamentarios expertos en Derecho Constitucional; o a propuesta de universidades bajo requisitos académicos objetivos, entre otros mecanismos serios, reflexivos y con visión de país, por citar algunas.

Los independientes, al final del día, han quedado fuera del proceso, atrapados sin salida por los partidos políticos.

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