Nada parece poner fin a las inquietudes y revelaciones que siguen emergiendo sobre actuaciones dentro del Poder Judicial desde el caso “Audio”. Los hechos que se filtran a los medios y redes sociales han tejido una trama de conjeturas que genera desazón. Jueces, abogados, políticos y ministros de fe aparecen involucrados en prácticas que no constituyen simples faltas al trato social, sino conductas éticas y, eventualmente, delictuales. En pocos meses han sido destituidos dos ministros de la Corte de Apelaciones, dos de la Corte Suprema y un tercero enfrenta graves cuestionamientos con procedimientos en curso.

La existencia de causas criminales abiertas obliga a la prudencia y a no opinar sobre ellas ni sobre las personas investigadas. Sin embargo, es inevitable asumir que enfrentamos una crisis de la justicia sin precedentes, que afecta a las instituciones comprometidas y profundiza el malestar ciudadano instalado respecto de su funcionamiento.

Dos ámbitos atraviesan los casos conocidos: la interferencia indebida en los procesos de nombramientos y el tráfico de influencias, soborno o intromisión ilícita para obtener fallos favorables. Ambas prácticas, igualmente repudiables, constituyen abusos de poder que golpean atributos esenciales de la jurisdicción: la independencia interna y externa de los jueces y su imparcialidad al resolver.

Aunque la gran mayoría de quienes integran el sistema judicial actúa con honestidad y probidad, la mancha se expande sobre tribunales y auxiliares de la justicia. Resulta doloroso decirlo, pero la situación interpela a la Corte Suprema, como órgano máximo y titular de la superintendencia de la judicatura. Su liderazgo está en cuestión y exige una respuesta rectificadora y ejemplar: reforzar la ética de sus integrantes, asegurar la unidad de la jurisprudencia, contener el activismo judicial y desprenderse de sus atribuciones de gobierno judicial serían pasos decisivos para recuperar confianza y certeza jurídica.

El nuevo gobierno y el legislador también están obligados a actuar con decisión, sin repetir medias tintas o efectuar concesiones como ocurrió con la reforma notarial. Se requieren cambios efectivos en los procesos de nombramiento, en la administración y en la gestión autónoma de recursos, y en la formación de los magistrados, si se pretende enfrentar la crisis de raíz.

El llamado alcanza a las universidades que forman a los abogados y a los gremios que agrupan a dichos profesionales y a jueces, fiscales y ministros de fe. Las falencias evidenciadas en su labor son evidentes y deben responder ante la ciudadanía explicando qué harán para revertir este panorama desolador.

Corresponderá a los tribunales definir la verdad jurídica en los ilícitos imputados. Pero lo crucial descansa en la decisión de quienes deben honrar con fidelidad su compromiso institucional. Hoy están todos convocados a actuar con firmeza, antes de que la corrupción se convierta en norma y la justicia quede reducida a una mera bagatela.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario