El Frente Amplio, a cuyo candidato para las primarias han empezado a gustarle las chaquetas, corbatas y el estilo formal propio de la Presidencia de la República, ahora también descubrió que no se debe prejuzgar, que intervenir teléfonos y acceder a conversaciones privadas es muy grave, por lo que la existencia de un conjunto de normas que forman parte del añejo estado de derecho es indispensable para una sociedad democrática.

Escándalo les causó saber que a don Miguel Crispi, en su momento jefe de asesores del llamado “segundo piso”, la Fiscalía le intervino su teléfono y escuchó sus conversaciones. Ello presumiblemente permitió que policías y fiscales no solo accedieran a los intercambios con su mamá, sino también con el Presidente de la República. Más aún, tal parece que el Ministerio Público intentó intervenir también el teléfono del gobernante, pero el juez de garantía respectivo no lo autorizó.

“Gravísimo”, “horror”, “no puede ser” y todos los adjetivos imaginables salieron de la boca de los otrora jóvenes irreverentes. Son los mismos que insultaban con los peores garabatos al Presidente Piñera, los que celebraban las filtraciones cuando afectaban a sus adversarios, los que venían a derribar las estructuras que permitían la impunidad de los “poderosos”, los que llegaron con el discurso de que ellos no estaban en el poder, sino que solo “habitaban los cargos”. La buena onda les llegó hasta la bicicleta y las chelas no más. Ahora reivindican, cual socio del más exclusivo club, los privilegios del poder que -¡oh sorpresa!- ya no son privilegios, sino resguardos institucionales.

En una entrevista radial, la presidenta del Frente Amplio sostenía, con un tono de lo más conservador, que para intervenir el teléfono de ciertas autoridades debería concurrir un poder del Estado. ¿Y qué creerá esta señorita que es el juez de garantía que autorizó la intervención del teléfono del señor Crispi, boy scout?

Por supuesto que intervenir judicialmente el teléfono del principal asesor del Presidente de la República es algo muy grave, pero la responsabilidad de eso es exclusivamente del propio Presidente Boric, que debió pedir la renuncia del señor Crispi apenas este apareció involucrado en una investigación judicial. Al mantenerlo tozudamente en el cargo fue él quien expuso a la Presidencia a todo lo que sucedió después. Puesto en la disyuntiva que lo obligaba a optar entre la persona y la institución, prefirió a la persona, el vínculo político, la historia del grupo y todas esas consideraciones propias de una adolescencia tardía incompatibles con las responsabilidades que ejercen.

Demasiado tarde se escandalizan y emplazan al Ministerio Público. Se ofenden, culpan a los demás. Hablan de “pinchazo del teléfono”, dándole un tono subrepticio. Para gobernar, por supuesto, no es necesario ser viejo, pero sí ser adulto y comportarse como tal. Es decir, asumir ciertas responsabilidades y costos. Algo tiene que ver con eso la corbata. Tarde parece que algunos se están dando cuenta.

Por Gonzalo Cordero, abogado