ISO 37301, un elemento más sobre la mesa

En pocos días más, esperamos en abril del presente año, entrará en vigor la norma ISO 37301 que hará certificable las recomendaciones del sistema de gestión de compliance contenidas hasta ahora en la ISO 19600 y que vendrá a dar mayor robustez a las superestructuras del cumplimiento normativo transversal que deben observar las organizaciones. Hasta ahora, el sistema de gestión de Compliance ha descansado en una ISO “voluntaria” que ha sido un tremendo avance, qué duda cabe, para sistematizar y homogeneizar los modelos de actuación contra la corrupción corporativa y todo el abanico de prácticas riesgosas.

Con la certificación se avanzará en un punto no menor y que tiene que ver con certezas, calidad, comparabilidad y estandarización de data que es crucial para los sistemas de cumplimiento que, a su vez, son esenciales para dar cuenta de los esfuerzos de las compañías por demostrar su compromiso con la prevención de los delitos corporativos. El mercado, la regulación y la autorregulación, la ciudadanía y el multilateralismo están avanzando hacia este tipo de nuevos estándares. Otro ejemplo de ello es la reciente aprobación del proyecto de ley que data de 2015 y que modifica las leyes N°18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de mercados y la creación de la figura de “denunciante anónimo” (Boletín N°10.162-05).

Los aspectos de las buenas prácticas, la integridad y el cumplimiento normativo forman parte del panorama global de manera irreversible. Y lo resalto desde la óptica de la vinculación indisoluble que creo existe entre la integridad corporativa y los aspectos de sostenibilidad. Se suele pensar que la sostenibilidad sólo involucra las afectaciones ambientales y sociales, pero a mí entender, la corrupción privada y los atentados al fair play son hoy en día, un asunto de crucial importancia para la legitimidad y sostenibilidad de la empresa y de todo el sistema económico.

El reciente Índice de Percepción de la Corrupción en el sistema Público de Transparencia Internacional ubicó a Chile en el lugar 25 (segundo en Latinoamérica) lo que ha sido leído como una señal de cierto estancamiento por cuanto el país no ha sido capaz de mostrar avances notorios y contundentes en el tiempo. La inquietud es tal vez justificada si se considera que hemos tenido una caída de 5 puestos desde el año 2012, pero falta mucho por debatir acerca de cómo puede el sector privado sumarse de manera mucho más activa y real a una lucha frontal contra la corrupción cuando se han visto serios casos en donde el flanco de vulneración al sistema público ha tenido una contraparte nítida en la empresa.

El combate contra la corrupción requiere sistemas y herramientas de gestión, voluntades políticas y corporativas y requiere -sobre todo- visión 360°. Las ISOs, las mesas de trabajo, el proyecto que crea la figura de denunciante anónimo anteriormente mencionado o los rankings no sirven por sí solos, hay que empujar estos cambios de conducta de la mano de decisión y de convencimiento de que desterrar la corrupción pública y privada es en sí un objetivo deseable por todos.