La captura del poder



Por Álvaro Ortúzar, abogado

Tras la violencia del 18-O y la crisis generada por la pandemia, empieza a develarse un plan de captura del poder, basado en socavar la autoridad del gobierno, frenar o entorpecer sus decisiones o, lisa y llanamente, incumplir la Constitución. El desmantelamiento de las instituciones, el arrogarse el Parlamento la facultad de tener la iniciativa de las leyes, el intentar eliminar, sin ninguna propuesta alternativa, las AFP o Isapres, son síntomas perceptibles del afán de desgastar los fundamentos básicos que nuestro país ha establecido y que han contribuido al desarrollo. Existe un aprovechamiento de la crisis, en que el caldo de cultivo es el descontento de miles de ciudadanos que ven sus necesidades insatisfechas.

No parece importar la incertidumbre jurídica sobre las reglas constitucionales y legales que han dejado de tener imperio, como si no existieran. Este país ya ha sufrido antes el embate del populismo y la demagogia para alcanzar el poder. Solo que en aquellos tiempos la pobreza era altísima, no se había desarrollado una clase media impulsora de la economía, ni existían en la sociedad trabajos ni ingresos que le permitieran alcanzar más bienestar. Pero nadie vio la realidad que se ocultaba tras estos logros, la otra cara de la moneda.

El descontento y frustración de muchos se fue incubando poco a poco, como consecuencia del sentir que el sistema ha abusado de ellos, y solo ahora han quedado al descubierto sus falencias. Las bajísimas pensiones para los jubilados, el sobreendeudamiento que aflige a quienes no pueden servir sus obligaciones, el riesgo de perder sus bienes adquiridos con esfuerzo, provocan ira y desazón. Es necesario consignar que quienes administran el poder económico privado no han sido eficientes ni oportunos en proveer de soluciones que recojan los hechos indesmentibles que tienen en vilo el sistema vigente. Las escuálidas pensiones, en efecto, no son culpa de quienes las reciben, ni tampoco es culpa de aquellos que tienen distintos sistemas de salud privados el verse afectados por alzas permanentes de sus planes.

La despreocupación y falta de visión de los gobiernos que han conducido a Chile desde el retorno a la democracia son una explicación. Pero también los empresarios con poder de decisión no han instado a la revisión de las leyes que originan la injusticia social, proponiendo mecanismos de solución que la corrijan. No es posible que no estén viendo que las personas los enrostran y que si ellos no actúan, tendrán su cuota de responsabilidad, pues veremos al Estado tomando el control total de la economía y la izquierda habrá sido satisfecha al haber capturado, además, el poder político. Para el sistema vigente, lo que está ocurriendo es una indigna manera de morir. 

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