La discusión suscitada por el envío del Ejecutivo de una propuesta que sustituye los actuales beneficios del Pilar Solidario del sistema previsional por una Pensión Garantizada Universal (PGU) revive incongruencias en los planteamientos de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera y desvía la atención de lo que sigue siendo una prioridad para la ciudadanía, cual es el fortalecimiento del sistema previsional.

No es aceptable el argumento que, cercano el fin del actual período presidencial, el gobierno debería abstenerse de auspiciar nuevas iniciativas legales, especialmente en áreas de gran relevancia y que involucran recursos cuantiosos, como sería el caso de la previsión. Hasta el fin del mandato el Presidente de la República no solo puede, sino que tiene la obligación de gobernar, lo que implica que conserva plenamente su prerrogativa constitucional de proponer nueva legislación. Exigir “prudencia” por el hecho de que se trata de materias que exceden los períodos presidenciales resulta improcedente, porque en el extremo esa premisa llevaría a que en la práctica los gobiernos se inhiban de legislar asuntos de largo plazo, lo que carece de sentido. Lo propio ocurre con los parlamentarios, en cuyas manos está aprobar o rechazar proyectos hasta el último día de su mandato.

Lo que apremia entonces es que la dirigencia política del país se aboque a lograr las definiciones pendientes en materia previsional. Sabidamente, deben modificarse parámetros básicos del pilar contributivo, al menos las tasas de cotización obligatoria y edades de jubilación, que se mantienen en niveles poco realistas tras años de pugna ideológica y visiones encontradas entre los sectores políticos. Y, parecía entenderse, que un acuerdo en torno a una pensión básica universal, como es la propuesta oficial de PGU, remozaba el Pilar Solidario, aportaba recursos muy necesarios para algunos segmentos de la población, y ayudaba a despejar el camino para concentrarse en la discusión sobre el pilar distributivo.

Pero ha surgido la objeción de una propuesta de PGU no bien financiada.

Este nuevo conservadurismo fiscal resultaría muy preocupante si no es más que otra forma de oposición al gobierno. Resulta sorprendente que los mismos sectores que sumaron fuerzas para presionar por ayudas fiscales de gran magnitud -el gasto fiscal del IFE en un mes es comparable al incremento anual del costo del Pilar Solidario que derivaría de implementar la PGU- y retiros de fondos previsionales hasta el punto de haber llevado al calentamiento de la economía y aceleración de la inflación, que determinarán graves necesidades de futuro aporte fiscal para financiamiento de pensiones, objeten ahora la calidad técnica del financiamiento (comparativamente muy inferior) propuesto para la PGU.

Es efectivo, como ha criticado la oposición, que una provisión de recursos fiscales para fines previsionales -que es parte del financiamiento para la PGU que está considerando el Ejecutivo- es solo una expectativa de ingresos que va a materializarse en la medida que ocurran el crecimiento, precio del cobre y otros parámetros que definen la recaudación fiscal efectiva. Eso mismo, sin embargo, puede decirse de la totalidad de los ingresos presupuestarios, que dependen de la materialización de una determinada evolución de la economía, y que han sido aceptados como plausibles al aprobar recientemente la Ley de Presupuesto de la Nación. La preocupación por una posible recaudación tributaria menor que la presupuestada debería llevar, fundamentalmente, a generar las condiciones generales capaces de sostener un proceso de inversión pujante y una evolución sana de la macroeconomía, aspectos fuertemente descuidados por quienes temen ahora una recaudación fiscal bajo la esperada. Por lo demás, una pensión básica universal, con valores superiores a los de la PGU en discusión, está en el programa del futuro gobierno, y nada obsta para que este, puesta en marcha la PGU, agregue mayores prestaciones o más financiamiento, según su propia intención, tan pronto esté en funciones.

Con todo, sería un gran avance para el país si la objeción al financiamiento de la PGU refleja una nueva y genuina preocupación del nuevo gobierno por la solvencia fiscal. Llevaría a mayor atención por reglas económicas y tributarias que potencien la inversión, el crecimiento y, así, la recaudación fiscal, y al fin de los retiros previsionales. Posiblemente conduciría a que, en el ánimo de tener un sistema previsional que genere mejores pensiones, consistente con un mercado laboral más formal, que contribuya al ahorro nacional, y con aporte fiscal acotado al Pilar Solidario, se considere seriamente una pensión básica universal o PGU como la base que permite la capitalización individual de todos los aportes al pilar contributivo, abandonando la idea de hacer de la previsión una fuente de financiamiento estatal, que está dañando gravemente el futuro del país.