La cultura en la Nueva Constitución



Por Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a mil

A días del plebiscito resuenan las reflexiones y proyecciones sobre el país que soñamos ser. La oportunidad histórica de participar plenamente en la concepción de una nueva Constitución es parte de un proceso de transformación social que sigue su curso, que ha removido certezas y estructuras, buscando nuevas formas de convivencia.

Es ahí, en el espesor simbólico de nuestra sociedad, donde las artes juegan un rol central. Son la manifestación de nuestra pluralidad, un motor esencial en la creatividad humana y fuente fundamental para el pensamiento crítico. Son nuestro puente para abrir diálogos improbables y conectar diversas dimensiones en el nuevo pacto social que queremos trazar.

Actualmente, la Constitución vigente hace solo alusión a la libertad de crear y al derecho de autor, ambas nociones limitantes e insuficientes, reducidas a la propiedad individual. Es momento de cambiar este escenario. La cultura debe ser declarada como bien esencial, comprometiendo al Estado a ser su garante en el acceso, desarrollo y participación social. Los derechos culturales son parte constitutiva de los derechos humanos, por lo que aspiramos a que sean el marco simbólico de convivencia que buscamos como sociedad. Paridad, Estado plurinacional, educación universal y cultura participativa, son algunos de los puntos que deberíamos promover.

Durante la pandemia, artistas e instituciones volcaron sus creaciones y contenidos a lo digital para acompañar a la ciudadanía en tiempos de tanta tristeza e incertidumbre. Desde marzo, gremios e instituciones hemos hablado con las autoridades para levantar las alertas de un sector precarizado, fuertemente afectado por la crisis. Diversas fuentes entregan cifras desalentadoras: la paralización de sus trabajadores ha sido del 80% y un 55% ha obtenido ingresos mensuales de $300 mil o menos. Considerando este contexto, se echa de menos que, más allá de nuestro propio ecosistema, no se ponga de relieve el importante rol de la cultura como aquello que nos constituye en lo más profundo y sensible de nuestra humanidad.

Un país que deberá reconstruirse económica y emocionalmente tras la pandemia, y tendrá que estar a la altura de un proceso constituyente que vele por la equidad, necesita autoridades capaces de vislumbrar la inversión social y cultural como paso clave para el desarrollo. Educación, cultura y ciencia deberían ser la punta de lanza en este contexto de reactivación.

La celebración de las autoridades sobre un supuesto crecimiento del 13%, genera dudas legítimas, que podrían abordarse con una mejor comunicación y transparencia sobre los criterios que hay detrás de esa argumentación. De lo que hemos observado, el incremento se debe principalmente al Fondo Transitorio de Emergencia -que, como su nombre lo dice, es “transitorio” y desconocemos detalles- y a partidas que vienen de otros ministerios. Aplaudimos el ordenamiento de los asuntos culturales bajo la administración del Ministerio, y efectivamente ahí hay un crecimiento de su presupuesto, pero eso no significa que haya más ni nuevos recursos para el sector. Lo mismo sucede con el esperado Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, cuyo aumento del 354% se debe a recursos que anteriormente eran del Fondart.

Dicho lo anterior, es preocupante que, por tercer año consecutivo, se recorta al mismo grupo de instituciones colaboradoras, que ha demostrado su alcance y eficiencia en la gestión de recursos. Con esta amenaza de recorte de entre el 13% y 8% se afectaría al financiamiento basal del Teatro Municipal de Santiago, Centro GAM, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Centro Cultural Palacio La Moneda, Fundación Teatro a Mil, Balmaceda Arte Joven, Parque Cultural de Valparaíso, Teatro Regional Biobío, Matucana 100 y Museo Violeta Parra, entre otras organizaciones. Esto sin duda afectará a la programación artística y reducirá las oportunidades de acceso a la cultura de la ciudadanía.

Necesitamos urgente un Estado que entienda la cultura como un bien esencial, que no puede estar al arbitrio del mercado ni seguir en las lógicas de la concursabilidad y subsidiaridad. Los países que lo han entendido así hoy son un referente de sociedades más democráticas, estables y con mayores oportunidades de futuro. Nueva Zelanda es uno de ellos, siendo un ejemplo en el manejo de la pandemia, entre otros factores, por el capital cultural de sus habitantes. Escribir una Nueva Constitución nos da bríos de esperanza, pero se necesitará no solo la voluntad ciudadana sino también la acción política para hacer posible los cambios de modelo, que permita que el país tenga un presupuesto nacional que avance progresivamente al 1% (como lo sugiere la Unesco), para que las artes y la cultura sean relevantes en la vida de las personas desde la primera infancia.

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