La hora más oscura

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

El gobierno ha vivido una de sus peores semanas luego del fallo del Tribunal Constitucional que no admitió a trámite su requerimiento de inconstitucionalidad de la ley que permite un tercer retiro desde las AFP. Pero como consecuencia de ello, el país vive también sus horas más oscuras.

Es que, una vez más, una de las instituciones fundamentales de la República ha renunciado a sus fueros al eludir el mandato que la Constitución le asigna. Lo hizo el propio gobierno cuando a contar del 19 de octubre de 2019 incumplió su deber de mantener el orden público y permitió que se instalara la violencia como método de acción política. Es cierto que fue presionado por la oposición, que declaró el 12 de noviembre que requeríamos una nueva Constitución emanada de una ciudadanía movilizada. Es decir, la soberanía popular ya no residía en la Nación, sino en aquellos que se movilizaron en la calle. Tres días después, parlamentarios de diversos sectores firmaron el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución que solo se ha cumplido en la parte constitucional, pues la violencia política se ha instalado en nuestras ciudades hasta hoy. El acuerdo tuvo el rol de anestesiar a nuestra sociedad civil que, llevada por el sentido mayoritario imperante, adhirió al optimismo acerca de las bondades que traería al país una nueva Constitución.

De allí en adelante ha sido el Congreso, dominado por la oposición, el que ha violado la Constitución aprobando leyes de inspiración populista que están destruyendo nuestra institucionalidad y hacen preguntarse si una nueva Constitución sería respetada. Últimamente, se han sumado al populismo parlamentarios de centroderecha, temerosos al ver que sus posiciones en defensa de la institucionalidad no cuentan con mayoría en las encuestas.

Y el bastión que quedaba, que podía evitar que se agoten los fondos destinados a las pensiones, el Tribunal Constitucional, se ha escudado en un supuesto problema de forma, que ha requerido 46 páginas de explicaciones, para no pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de una ley, pese a que hace algunas semanas sí declaró inconstitucional una prácticamente idéntica. Ojalá sirvan esas 46 páginas para garantizar que aún tenemos Tribunal Constitucional y no es que aquí se haya derribado el portón, pues en los 11 meses que siguen serán numerosas las leyes inconstitucionales que pretenderá dictar el Congreso.

Los poderes públicos, por temor a la violencia, han renunciado a ejercer sus fueros. Solo queda ahora el temor al populismo. El pánico que le ha entrado a la izquierda de seguir bailando al son de los acordes que toca Pamela Jiles los ha moderado y puede llevarlos a acordar con el gobierno una agenda razonable; que lo será solo si renuncia a exigir la rendición incondicional de Sebastián Piñera, que no debiera resignarse a entregar un país devastado.