La reforma de la Ley N° 21.542 permite que las Fuerzas Armadas protejan infraestructura crítica ante peligro grave o inminente, y obligó al Ejecutivo a enviar un proyecto que la defina y fije deberes a sus operadores. El proyecto menciona de forma expresa los “sistemas de asistencia sanitaria o de salud”.

Los antecedentes sobran. La noche del 15 de octubre, una turba atacó el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, en Bajos de Mena, con pacientes en atención: saqueó computadores, rompió ventanales y obligó a los funcionarios a esconderse mientras Carabineros llegaba tarde. El daño fue millonario y el recinto debió cerrar. La ministra de Salud, con razón, afirmó que se había atravesado una línea roja. No es un hecho aislado: en 2024, una balacera en el mismo sector llevó al Colegio Médico a pedir que se blindara ese Cesfam, y en septiembre pasado una funcionaria de otro Cesfam de la comuna fue asaltada y golpeada al salir de su turno. En el estallido social de 2019 se incendiaron dependencias del Hospital de Coquimbo y el único Cesfam de Pozo Almonte. Y el Minsal registra cerca de diez mil agresiones al año contra funcionarios de salud. Se contabilizan cerca de 10.000 agresiones anuales contra personal de salud. Cada ataque deja a miles de vecinos sin controles, vacunas ni urgencias.

La salud tampoco resiste emergencias ni ciberataques sin preparación: la pandemia mostró la fragilidad del oxígeno medicinal y de las camas críticas. La UE ya incluye la salud en su Directiva 2022/2557 sobre entidades críticas, y nuestra Ley N° 21.663 de ciberseguridad la considera servicio esencial.

El proyecto ofrece herramientas útiles: catastro de riesgos, planes de continuidad operacional, encargados de seguridad y simulacros. Aplicadas a hospitales, redes de urgencia, bodegas de Cenabast o la cadena de frío de vacunas, pueden marcar la diferencia entre cerrar un día y cerrar un mes, o entre prevenir un ataque y lamentarlo.

¿Cómo incorporarlo bien a la ley? Cinco propuestas: Salud en la ley. Que el sector y sus subsectores, incluida la atención primaria, queden en la ley y no solo en una resolución revisable cada cuatro años. Ministerio de Salud en la mesa. Que participe obligatoriamente en el catálogo y en los planes nacional y regionales. Criterios propios. Población asignada, camas críticas, servicios únicos en la comuna y tiempo tolerable de interrupción, en vez de la “reputación del Estado”. Un solo plan. Que integre esta ley, la ley N° 21.663 y la ley N° 21.364 de gestión de desastres, sin triplicar burocracia. Financiamiento. Adicional. Multar a un Cesfam que no puede pagar un guardia solo traslada recursos de un bolsillo fiscal a otro.

Y una regla esencial: todo despliegue de seguridad en una zona debe garantizar el acceso de pacientes, ambulancias y personal al centro de salud. El control de perímetro no puede convertirse en una barrera para la atención. Proteger un consultorio es proteger su función, no solo sus muros.

Por Jaime Mañalich, exministro, Clapes UC