Por Carlos Ominami, economista
Chile proyecta al mundo una imagen internacional confusa, constituida por fragmentos que hablan de historias disímiles. Por un lado, la de un pueblo que buscó romper sus cadenas conducido por un Presidente que ante la evidencia de la derrota decide inmolarse. Por otro, la imagen que proyectó por años de un “jaguar” de la economía que, de la mano de los economistas de Chicago, alcanzaría en cuestión de algunas décadas la condición de país desarrollado.
Es una imagen en la que coexistieron durante mucho tiempo la tragedia con la soberbia. El estallido social de octubre de 2019 dejó al desnudo un país atravesado por enormes desigualdades que hicieron colapsar el orden surgido de la transición iniciada en 1990.
Hace ya casi cincuenta años, la “vía chilena al socialismo” fue derrotada por muchas razones, pero hay una principal: su incapacidad para constituirse en un proyecto nacional. La vía propuesta por Allende no consiguió superar la condición de proyecto de clases sustentado por importantes sectores populares pero percibido como un peligro por la mayoría de las capas medias y altas, cuya movilización terminó siendo decisiva para el derrocamiento del gobierno.
La vía que encabeza el Presidente Boric tiene que pensarse y ponerse en práctica como proyecto nacional. La “nueva vía chilena” que se inicia prosperará en la medida en que construya un respaldo mayoritario que la sostenga y garantice, al mismo tiempo que espacios para que la minoría tenga la posibilidad de desarrollarse y hacer posible la alternancia.
La simultaneidad de la instalación del nuevo gobierno con el proceso constituyente es una enorme oportunidad para el éxito de la “nueva vía chilena”. Una nueva Constitución que establezca reglas que favorezcan la inclusión y la participación es el espacio más apropiado para sustentar un proyecto nacional. El texto que se someta al plebiscito de salida en los próximos meses debe, sin embargo, ser aprobado por una mayoría significativa que no deje dudas respecto de su legitimidad. En una sociedad como la chilena hay infinidad de causas legítimas, muchas cuya solución genera consensos amplios, y otras que son motivo todavía de arduas disputas. La nueva Constitución no puede ser la portadora de todas las soluciones. Basta con que provea a unos y otros del espacio y los instrumentos que permitan resolver progresivamente los conflictos mediante el normal funcionamiento de las instituciones que ella cree.
La responsabilidad de los convencionales es enorme. Muchos, de hecho la mayoría, fueron electos sobre la base de compromisos específicos respecto de ciertas causas y reivindicaciones. No se le puede pedir a nadie que renuncie a impulsar las causas que estima justas. Se les puede sí pedir que no impongan signos identitarios que resultan violentos para sectores que deben sentir que la nueva Constitución es efectivamente la casa común.
Si la Convención actúa de acuerdo a estos criterios, hará una tremenda contribución al éxito de la nueva vía chilena y a la proyección de una nueva imagen del país.
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