SEÑOR DIRECTOR

La semana pasada, luego de maratónicas sesiones, el Pleno de la Convención aprobó dos incisos presentes en la propuesta del artículo sobre libertad de expresión. El primero consagra que “toda persona, natural o jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión”. Agrega que esto es a través de cualquier forma o medio, definiéndola como “la libertad de recibir, buscar y difundir información”.

El segundo inciso se refiere a que no existirá la censura previa “sino las responsabilidades ulteriores que define la ley”. Quedaron en estudio la propuesta de que el Estado adopte las medidas necesarias para asegurar el pluralismo, así como el que se obligue a “tomar medidas para eliminar el discurso xenófobo, la apología del odio racial, religioso, sexual y de género”.

Lo aprobado es una excelente noticia para quienes pensamos que la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. El amplio acceso a las noticias, opiniones e ideas permite a las sociedades generar un debate que enriquece y permite sopesar los argumentos de las partes y llegar a la verdad. En relación a lo pendiente, conviene advertir acerca de los riesgos de obligar al Estado a intervenir en el sistema de medios, así como en perseguir expresiones ya debidamente sancionadas por la ley.

Cabe, sin embargo, preguntarse por qué, pese a que la libertad de expresión es un derecho que debemos a pensadores como Milton, Locke, Mill o Jefferson y que está claramente consagrado en la Declaración Universal de los DD.HH., así como en la Convención Americana de los DD.HH., hoy es objeto de polémica y no obtiene una aprobación unánime.

Por lo menos en este ámbito, el libre debate de ideas ha permitido validar un derecho universal que fue consagrado para todas las personas en París en 1948.

Marcela Lorca A.

Académica de Periodismo UDD