El impulso que el gobierno ha dado a la reforma de la Ley N°20.019 es, en términos generales, una buena noticia. El fútbol profesional chileno requiere ajustes estructurales, especialmente en materias de transparencia, conflictos de interés y trazabilidad de la propiedad. En ese sentido, el proyecto avanza en una dirección correcta y aborda una discusión largamente postergada.

Uno de sus méritos es abandonar una mirada puramente formal. Hasta ahora, el régimen aplicable ha sido fragmentado: por una parte, la Ley N°20.019 y los estatutos de la ANFP; por otra, las reglas generales de las sociedades anónimas cerradas.

Ese esquema ha permitido controlar ciertas incompatibilidades, pero con menor eficacia para identificar vínculos reales, especialmente cuando la influencia se ejerce a través de estructuras indirectas.

Por ello, resulta valioso que el proyecto incorpore reglas que obligan a identificar no solo a los beneficiarios finales, sino también a la persona natural que ejerce funciones de dirección o administración, imponiendo el deber de determinar la titularidad real bajo sanción de presidio en caso de falsedad. Este cambio no es menor: desplaza el foco desde la forma hacia el control efectivo, alineándose con estándares regulatorios más exigentes.

Con todo, la reforma también evidencia ciertas tensiones que deben ser abordadas. Una de ellas es la confusión entre la organización del campeonato y la organización de los partidos. No se trata de una distinción meramente conceptual: implica definir quién asume responsabilidades operativas en materias como seguridad, coordinación con autoridades y gestión de eventos, ámbitos donde una asignación imprecisa puede generar efectos no deseados.

A ello se suma un enfoque que, en algunos aspectos, parece privilegiar la restricción por sobre el diseño de un marco que favorezca el desarrollo sustentable de la actividad. La introducción de limitaciones que no se observan en otros sectores regulados —como la imposibilidad de gravar acciones— plantea interrogantes sobre el equilibrio de la regulación y sus efectos en el financiamiento de los clubes.

Más allá de sus virtudes, la discusión de fondo no es solo normativa, sino también de gobernanza. El desafío no radica únicamente en establecer nuevas reglas, sino en asegurar que estas dialoguen adecuadamente con la realidad operativa del sistema.

La reforma es necesaria, pero su eficacia dependerá de lograr un equilibrio entre transparencia, control y comprensión del funcionamiento del fútbol profesional.

Por Pilar Maulén Gómez, abogada y exsecretaria ejecutiva ANFP.