El debate sobre el estado subsidiario, versus el estado social es de larga data en Chile y se ha revigorizado en los últimos gobiernos, los que en vez de optar por lo eficiente han convertido este tema en un elemento de disputa ideológica, más que de eficiencia y de un Estado al servicio de los chilenos. Más allá de la bizantina disputa política -que evidentemente no resuelve, ni mejora la vida de los chilenos- me interesa detenerme sobre los resultados recientes en nuestro país de la misma.

En la administración del Presidente Boric, vimos cómo se estableció un plan piloto de “Gas a Precio Justo” donde el Estado, quiso intervenir como proveedor de balones de gas, piloto que fue un completo fracaso, y que obligó por parte de Contraloría, a que la Subsecretaría de Energía devolviera a ENAP, más de $500 millones usados en el despilfarro del show de uno de los ideólogos del Frente Amplio, ese, el propio, el de la tan recordada por estos días “superioridad moral”. Incluyamos, asimismo, un intento ridículo, con olor a naftalina setentera, de una política nacional del litio que pregonaba ideas de industrialización estatal, valor agregado imposible de desarrollar y otras yerbas. A la fecha, la famosa “Política Nacional” ha consistido en fracasos, con inversionistas retirándose del país por falta de claridad en las reglas del juego, un acuerdo entre gallos y media noche entre Codelco y SQM que sigue cuestionado, y ninguna tonelada de carbonato de litio adicional procesada fuera del Salar de Atacama. Por último, no puedo dejar de mencionar a personeros del Estado entregando cifras falsas a los parlamentarios para sacar adelante un proyecto de ley de Pesca que llevaba al cierre a otra fuente de trabajo de la cual dependen 2.400 empleos, entre ellos los de muchas mujeres jefas de hogar en Biobío.

Para que voy a extenderme, en los alegatos -risibles, por no decir que generan carcajadas- de aquéllos maravillosos exponentes del oficialismo, que señalan como causa última de los desfalcos de Democracia Viva o Pro Cultura el hecho “que estos asuntos” -de provisión de servicios- se dejen en manos de “privados” y no del Estado que lo “haría mejor”, sino que se entreguen a la subsidiariedad. Si como lo lee. He escuchado a algunos, incluso sostener que la tarea que hacían las fundaciones “truchas”, sin distinguir las más de 5.000 que hay en Chile, han sido desfalcadas -muchas veces y según lo que investiga la Fiscalía- por el mundo ligado a la política oficialista, pero “la culpa sería no entregar ese rol al Estado”, lo que como usted sabe es un argumento que raya en lo demencial.

Ejemplos sobran para establecer que, en donde el Estado incrementa su influencia o su poder, donde no se le requiere para ser más eficiente o solventar las necesidades de los chilenos con eficacia, las cosas empiezan a fallar. Para explotar litio, lo lógico sería hacer concesible el mineral, licitar de manera abierta, pública y transparente, y que la empresa privada explote maximizando rentabilidad y asegurando mejor recaudación tributaria. Si se trata de llegar con infraestructuras y caminos a lugares apartados, a ratos puede ser más eficiente la tarea del Cuerpo Militar del Trabajo y el Ministerio de Obras Públicas, pero, en el caso de autopistas concesionadas que liberan el presupuesto de mantención, para llegar con caminos rurales, ahí donde nadie llegaba, ha sido una política eficiente en los últimos 35 años, más allá a cualquier falla en el diseño de los contratos originales. Política que cualquier progresista, llamaría distributiva: Paga el que usa, lo que se libera se invierte donde antes se gastaba para mantener lo poco que había o lo que no llegaba a los más pobres.

El temor a que lo anterior no ocurra, esto es, la simple búsqueda de eficiencia y mejor calidad de vida para los chilenos, más allá que la provisión provenga de más Estado o la empresa privada como debate ideológico de aula, sin pies en la calle, lo constituye una de las políticas más importantes de este Gobierno, y que sea quizás el único “legado” del Presidente Boric entre escándalos, errores, metidas de patas y manos. Me refiero a la reforma de pensiones, y al excesivo componente estatal que vendrá incluida en ésta.

Así las cosas, preocupa que en esta etapa de implementación de la reforma, exista un celo excesivo a quitarle funciones a los privados que termine dañando la eficiencia del sistema, y dañe aún más la aún débil legitimidad del mismo. Me refiero a las nuevas responsabilidades y servicios que recaerán sobre el Instituto de Previsión Social (IPS).

Con el nuevo marco legal, el IPS pasa de ser un administrador del Pilar Solidario y de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a un organismo multifuncional que gestionará beneficios del llamado “Seguro Social”, la compensación por expectativas de vida, el pago de pensiones, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y, si se solicita, el soporte operativo de las AFP. Para ello, el Estado contempla incorporar 275 nuevos funcionarios y un aumento de gasto anual en personal de $8.500 millones en régimen. Todo esto, en un contexto fiscal ya tensionado y sin una evaluación concluyente de la eficiencia con que el IPS ha manejado sus responsabilidades actuales. Por todos lados, esto representa un involucramiento mayor del Estado en un sistema que funcionaba bien -como se demostró en los retiros-, y lo complejo, abre nuevas interrogantes sobre el uso eficiente de recursos públicos, la duplicación de funciones y la capacidad real del Estado para asumir roles técnicos con estándares exigentes. Llama la atención la manera en que se está ejecutando este crecimiento: fichajes directos desde los actores clave del sistema. Resulta contradictorio que se recurra a sus propios cuadros para diseñar e implementar su arquitectura operativa.

El historial del IPS tampoco ayuda a disipar esas dudas. Contraloría ha advertido en diversas ocasiones –2013, 2017 y 2023– sobre fallas administrativas, pagos irregulares, deficiencias en los sistemas informáticos y falta de controles. ¿Es razonable entonces cargarle con más funciones, más dinero y más poder, sin antes haber resuelto esos problemas estructurales? ¿Quién supervisará al IPS? ¿La Superintendencia de Pensiones? Los que nos dedicamos a ello, sabemos que en las posiciones pro Fisco, a nivel administrativo o judicial, de defensa por parte de distintos órganos del Estado en contra del ciudadano, el único que siempre pierde es éste último.

En pensiones, donde lo que está en juego es el sustento de millones de chilenos en su vejez, ese riesgo no puede tratarse a la ligera, como ya se trató gran parte de la reforma previsional, tal como muchas veces lo sostuve en estas mismas páginas.

Volviendo a nuestro punto inicial, no estoy diciendo que un estado subsidiario es absolutamente superior a un estado social. Muchos podrán decirme que el exceso de subsidiariedad en el Gobierno del Presidente Piñera, o de los 30 años de la Concertación, llevaron al estallido social, ya que el Estado no estaba haciéndose cargo de los problemas sociales. A otro perro con ese hueso.

Lo que vimos en octubre del 2019 fueron actos delictuales, que nada tenían que ver con consignas sociales, lo que fue confirmado por los dos referéndums constitucionales rechazados por la mayoría de la ciudadanía, donde se incluyeron, gran parte de lo que en el primer proceso llamaban (el que llevó a Chile al borde del precipicio en 2022) “los grandes dolores de Chile”. No es que por ello no existan o continúen existiendo dolores en nuestra sociedad, negarlo sería un acto de irresponsabilidad política, pero la forma de abordarlos y buscar eficientemente las políticas públicas más convenientes para los chilenos, se convirtieron solo en un campo de batalla de extremistas ideológicos muy lejanos al sentido común que debe partir por auspiciar el crecimiento, el trabajo formal, la innovación y la voluntad del Estado de tener reglas claras para la inversión y el emprendimiento. Un ejemplo, en el último año y medio, el transporte público metropolitano ha aumentado su precio en $70 pesos, al menos, creo yo, los chilenos no hemos visto ningún acto de protesta y menos de destrozos por esto. Sospechoso, dicen por ahí.

Donde el Estado crece sin necesidad de eficiencia, o -lo que es peor- para la captura de grupos de poder, las cosas comienzan a fallar y fallan para los chilenos más vulnerables que acumulan frustración y rabia. Una de las maneras de ser eficiente es evitando que el Estado tome la batuta en temas donde los privados ya ofrecen un servicio adecuado, o al menos más eficiente.

En este caso, en la reforma previsional hay un exceso de funcionalidades estatales que no son necesarias, ni responden a un deseo de controlar rigurosamente el gasto. Lamentablemente, el éxito del acuerdo previsional depende de una buena implementación de la que muy poco se habla. Si no afrontamos los peligros del aparataje estatal en la implementación, no habremos transformado el sistema, solo lo habremos maquillado con más burocracia para terminar agregando más problemas a una sociedad ya tensionada.

Por Gabriel Alemparte, abogado.