La reciente conmemoración del 11 de septiembre en Chile ha vuelto a poner de relieve las dificultades que aún persisten entre nosotros para debatir en torno a los alcances y significados de esta fecha, sin caer en descalificaciones o actitudes intolerantes. En una sociedad es inevitable que existan puntos de vista diversos -a veces irreconciliables, sobre todo cuando se trata de fenómenos que han marcado tan profundamente la historia de un país-, pero la virtud de una auténtica democracia es que precisamente esa pluralidad de visiones logra convivir y enfrentarse en forma civilizada.

La libertad de expresión -entendida como el derecho a recibir y emitir informaciones sin censura previa, así como la libertad de conciencia- forma parte esencial del sistema universal de derechos humanos, y resulta consustancial a una democracia sólida, pues sin libertad de expresión los ciudadanos no tendrían cómo controlar el poder del Estado, y la sociedad tampoco se podría beneficiar de la riqueza y originalidad que solo permite la libre interacción de las ideas. Es indispensable entonces promover un debate respetuoso y tolerante, en el cual existan adversarios, nunca enemigos. Y aunque ello suene sencillo, en la práctica se ha convertido en una de las grandes dificultades de nuestro tiempo, cuando se constata la pérdida de capacidad para debatir sin caer en la violencia verbal, las descalificaciones o el desprecio por las ideas distintas a las propias.

En ese orden de cosas, resulta preocupante que la libertad de expresión no pareciera funcionar igual para todos, beneficiando ampliamente a grupos que adhieren a visiones "progresistas", no así a quienes se identifican con postulados más conservadores o que no sintonizan con las visiones que se estiman "correctas", siendo muchas veces objeto de denostación o incluso bloqueados del espacio público.

Estas formas de intolerancia han encontrado diversos caminos para manifestarse, pero probablemente una de las más eficientes ha sido el amedrentamiento colectivo o "funa"-facilitado gracias al poder amplificador que entregan las redes sociales-, atentando contra la posibilidad de un diálogo civilizado y llevando a una inevitable autocensura. Las reacciones destempladas contra aquellas voces que reivindican los sucesos de 1973 -postura que en todo caso es lícito criticar duramente, pero siempre dentro del espacio público-, o la reciente "funa" de la que fue objeto un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile -por el solo hecho de manifestar puntos de vista que no fueron del agrado de algunos académicos y ciertos alumnos-, son ejemplos de intolerancia que no quisiéramos ver.

Hay límites muy precisos para la libertad de expresión, como las injurias y los discursos que incitan al odio o la discriminación. Mientras dichos límites no sean traspasados, la sociedad ha de promover el libre flujo de ideas, y en la tarea de defender dichos principios los medios de comunicación y los periodistas estamos llamados a jugar un rol preponderante.