La última oportunidad para encauzar la agenda política

El gobierno y el Parlamento necesitan llegar a un acuerdo que entregue al país un norte claro e institucional. Las tratativas para alcanzar “mínimos comunes” constituyen un paso esperanzador. Pero si no logra cristalizar, el costo podría ser muy alto.




El Presidente de la República cierra una nueva semana muy compleja para él. Si la anterior había sido incapaz de detener el avance del proyecto del tercer retiro de fondos de las AFP -que se aprobó con votos de su propia coalición-, esta termina con una derrota aún más bochornosa, cual es que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible su requerimiento contra la citada iniciativa. Así, el Mandatario, sin apoyo político para utilizar la atribución del veto, tuvo que claudicar y promulgar la ley tal como fue aprobada en el Parlamento.

Todo este proceso significó no solo un desgaste enorme para el gobierno -que cayó en las encuestas a niveles de aprobación de un dígito-, sino también para la centroderecha en general, que permeada por ideas ajenas al sector quedó herida y dividida, con un alto temor a que la cuenta final la tengan que pagar en las próximas elecciones.

La pregunta ahora es cómo seguir. Quedan 10 meses de gobierno y tanto el Presidente como su coalición deben elaborar una estrategia para seguir gobernando. Para ello, es evidente que La Moneda tiene que, en primer lugar, hacer un mea culpa e intentar no repetir los errores que la llevaron a esta situación. La idea de que puede gobernar de espalda a sus propios partidos y a la oposición está superada. Esto parece haberlo entendido el Mandatario, que el día viernes convocó a las mesas de la Cámara y el Senado para lograr un acuerdo amplio de “mínimos comunes” en materia social -centrado en ayudas tanto para las personas como Pymes, en el marco de la pandemia-, y tributaria. Es un primer paso en la idea de buscar una agenda razonable para los meses que restan de gobierno, porque lo que ahora se necesita es actuar rápidamente y no pretender grandes reformas, que solo afianzarán más las diferencias. Fundamental es que cualquier acuerdo se base también en un respeto irrestricto de la actual institucionalidad, porque sin ese orden básico el país naufragará. El hecho de que se inicie un proceso constituyente no puede ser excusa para desechar las reglas que hoy rigen o pretender manipularlas según la propia conveniencia.

En esta tarea de acuerdos y reconstrucción institucional el Jefe de Estado, pese a la debilitada situación en que se encuentra, tiene una ventaja: los otros no están mejor. De acuerdo a la encuesta CEP dada a conocer esta semana, todas las instituciones políticas experimentan una alta desconfianza a los ojos de la ciudadanía. Así, si bien el gobierno genera solo 9% de confianza, el Congreso alcanza un 8%. Para el caso de los partidos políticos, apenas llegan a un 2%. Es decir, un 98% de la población desconfía de ellos.

En la misma encuesta queda claro también que la estrategia de seguir promoviendo proyectos más bien populistas solo ha favorecido a controvertidos personajes, como Pamela Jiles, quien lidera la aprobación de figuras políticas, muy por sobre el resto de aquellos que hoy se plantean como candidatos presidenciales, tanto del oficialismo como de oposición. Así, resulta evidente que el camino de confrontación no está favoreciendo a los grandes conglomerados de ambos sectores.

En la oposición este diagnóstico pareciera estar haciéndose más claro. Luego de conocido el fallo del Tribunal Constitucional, sus dirigentes concordaron que no era el momento de salir a acorralar al Presidente, porque está en juego la institucionalidad y la democracia. En esto también primó la idea de que sus candidatos están muy por debajo de las expectativas para alcanzar un buen resultado en las elecciones. En este contexto, una figura preponderante ha sido la nueva presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien desde un primer momento ha ejercido su cargo con altura, promoviendo el entendimiento y los acuerdos. Y el resultado de su gestión parece estar siendo reconocido, pues en escaso tiempo se convirtió en la figura mejor evaluada de su conglomerado.

En suma, pese al desprestigio en que se encuentran el gobierno y la política en general, pareciera abrirse una luz de esperanza para salir de la crisis. Y ello pasa por alcanzar un acuerdo razonable para todos los sectores, que encauce la agenda política de los próximos meses dentro de la institucionalidad y el respeto. Se trata de una tarea fundamental, y por ello cabría esperar que el gobierno y la totalidad de la clase política se sumen a estos esfuerzos. En sus manos está lo que parece ser la última oportunidad para encauzar la crisis institucional en que se encuentra sumido el país, la que no se puede desaprovechar por intereses mezquinos o irresponsables.

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