Las intensas lluvias que han afectado a gran parte del país durante las últimas semanas, asociadas al sistema frontal impulsado por El Niño, han provocado consecuencias especialmente graves en diversas regiones del norte y sur de Chile. Los daños materiales y sociales han alterado profundamente la vida cotidiana de miles de familias. Se estima que cerca de 30 mil viviendas han resultado afectadas, a lo que se suman importantes pérdidas en infraestructura pública, conectividad, redes eléctricas, servicios básicos y actividades productivas, especialmente en el sector agrícola. El costo económico de esta emergencia se estima que ya supera los mil millones de dólares.

Resulta difícil comprender que un evento cuya ocurrencia fue anticipada durante meses por especialistas en meteorología y gestión del riesgo haya vuelto a poner en evidencia las debilidades de la respuesta estatal. Más allá de las responsabilidades de las autoridades de turno o de administraciones anteriores, lo cierto es que la recurrencia de estos desastres revela problemas estructurales asociados a las profundas desigualdades socioterritoriales del país y a la fragilidad de los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La experiencia internacional muestra que los países con altos niveles de desigualdad territorial, segregación urbana y fragmentación institucional enfrentan mayores dificultades para responder oportunamente a eventos extremos. En Chile, la persistencia de un modelo de gestión altamente centralizado limita la capacidad de los gobiernos regionales y locales para tomar decisiones oportunas y disponer de recursos adecuados.

Las visitas de autoridades a las zonas afectadas constituyen una señal necesaria de apoyo y compromiso. Sin embargo, también evidencian una dependencia excesiva del nivel central para coordinar respuestas.

Si bien es fundamental contar con instituciones como Senapred, la experiencia demuestra que la respuesta efectiva frente a un desastre depende, en gran medida, de las capacidades instaladas en los niveles regional y local. Por ello, avanzar hacia una descentralización más efectiva, fortalecer el financiamiento municipal y regional, y dotar a los territorios de mayores capacidades técnicas e institucionales son desafíos impostergables. De lo contrario, seguiremos enfrentando emergencias con herramientas insuficientes y, una vez más, continuará lloviendo sobre mojado.

Por Arturo Orellana y Simón Guzmán. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, PUC.