Mejorar la vejez: Cuando subir las pensiones no es suficiente



Por Karol Fernández, Centro de Políticas Públicas, Facultad de Economía y Negocios, USS

El aumento de las expectativas de vida y la caída en la tasa de natalidad han causado el envejecimiento de la población mundial. En Chile, la población mayor de 60 años en 2020 alcanzó un 17% y hacia 2050 esa proporción se incrementará drásticamente a un 32%, con el agravante de que nuestro país está envejeciendo más rápido y con un nivel de ingresos menor que cuando envejecieron los países europeos. Este proceso trae consigo una serie de desafíos para la sociedad, con cambios importantes en la provisión de servicios de salud, cuidado, accesibilidad y pensiones.

Lamentablemente, en Chile el debate sobre envejecimiento se ha centrado únicamente en pensiones y ha permanecido entrampando en una dimensión ideológica: ¿reparto o capitalización individual?, ¿público o privado?, ¿destino de la cotización adicional? Esta visión simplista deja de lado que nuestra aspiración como sociedad debiese ser que todos los adultos mayores, de hoy y de mañana, tengan una mejor vejez.

De acuerdo con los resultados de la última encuesta Casen 2020, el 38,5% de las personas mayores de 65 años señala que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades. Por otro lado, esta encuesta muestra que las personas mayores fueron el grupo poblacional con mayores dificultades para acceder a los servicios de salud: el 44% de los adultos mayores que requirieron atención de un médico especialista declararon haber tenido problemas para conseguirla, y el 46% ha tenido problemas para obtener cupo para una operación.

La discusión sobre el envejecimiento también debe incluir la importancia del cuidado de adultos mayores en situación de dependencia funcional: en 2017 un 14,2% de la población mayor de 60 años presentaba algún grado dependencia funcional, cifra que posiblemente irá en incremento conforme aumente el porcentaje de adultos mayores. En Chile casi el 67% del cuidado se realiza al interior de la familia y mayoritariamente por mujeres (Comunidad Mujer, 2018). Esta feminización del cuidado devela la importancia de incorporar un enfoque de género en los diseños de políticas públicas, que permitan disminuir la inequidad que se genera a raíz de ejercer el rol de cuidadora, al tiempo que se dé protección a los adultos mayores en situación de dependencia.

En materia de pensiones, una de las principales preocupaciones de la población es el bajo monto de los beneficios, donde se ha “AFP-izado” el debate. Así, la discusión se ha alejado de las causas de las bajas pensiones, como lo son la creciente tasa de informalidad laboral (exacerbada post-pandemia); la baja tasa de ahorro previsional obligatorio; la menor participación femenina en el mercado laboral; las abultadas brechas salariales entre hombres y mujeres; la irregularidad en las cotizaciones previsionales o la politización de las decisiones técnicas referidas a los parámetros del sistema (edad de jubilación, tasa de contribución, regulación de las inversiones). Destinar la cotización adicional a un fondo colectivo o a reparto no resuelve ninguno de estos problemas, tampoco lo hace el cambiar de un administrador privado a uno público, sino que más bien podrían agudizarlos si es que traen como consecuencia el aumento en la informalidad laboral.

Para avanzar hacia una mejor vejez es imperativo que desde las políticas públicas rompamos el análisis reduccionista y se adopte un enfoque multidimensional, centrado en la persona, que permita que nuestros adultos mayores accedan a mejores servicios de salud, mejores políticas de cuidado y mejores pensiones. En este esfuerzo, no parece sensato intentar desmantelar la parte del sistema que ha funcionado bien, sino que los esfuerzos debiesen estar en fortalecer aquellos elementos que han mostrado debilidades. Es imperativo avanzar hacia una política nacional de cuidados, crear un seguro de dependencia, reinstalar la discusión sobre un seguro de longevidad para la cuarta edad, mejorar el sistema de salud pública y fortalecer al sistema de pensiones solidarias.

Por consiguiente, el desafío para el Estado consiste en encontrar soluciones que atiendan las demandas ciudadanas con pragmatismo, que a la vez mantengan la sustentabilidad financiera y fiscal, a fin de garantizar un sistema previsional y de apoyo al adulto mayor que sea intergeneracionalmente justo y equitativo.

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