Mucho se ha hablado de la “permisología” y de su impacto en la inversión y el desarrollo de proyectos. Menos se habla de un fenómeno similar en educación: directivos de todos los niveles educativos destinan una parte importante de su tiempo a completar formularios, elaborar reportes y preparar documentos para enviar al Mineduc o a las Superintendencias correspondientes.

De hecho, la iniciativa “Directores por Chile” (Mineduc, 2026) muestra que los directivos destinan el 36% de su tiempo a actividades administrativas (casi 2 días de la semana laboral), el 27% a tareas pedagógicas y el 20% (un día completo) a la gestión de la convivencia escolar. Más aún, el 81% señala que los requerimientos administrativos interfieren de manera “frecuente” o “muy frecuente” con el desarrollo de acciones pedagógicas. Entre las principales fuentes de burocracia innecesaria, los directores identifican los requerimientos de la Superintendencia. Las instituciones de educación superior no están exentas teniendo que reportar a la Subsecretaría, Superintendencia y la CNA, entre otros organismos.

Esto no es un tema menor. Si queremos mejorar el aprendizaje, el tiempo de docentes y directivos debe estar concentrado en lo que más incide en él: la calidad de la enseñanza y la gestión pedagógica. Cada hora absorbida por tareas administrativas innecesarias es una hora menos para observar clases, evaluar y actualizar metodologías de enseñanza, retroalimentar y capacitar al cuerpo docente o analizar la progresión estudiantil para detectar vacíos y brechas que requieren atención.

El problema no es que existan controles ni que se exija rendición de cuentas; ambos son necesarios. El problema es la acumulación, duplicación y fragmentación de los requerimientos y, en muchos casos, su nivel de detalle y los plazos acotados para responderlos. Esa combinación termina desplazando tiempo desde la gestión pedagógica hacia la producción de información y evidencia administrativa, generando un costo oculto —pero no menor— de la regulación educativa. Y ese costo lo pagan, en último término, los estudiantes.

Para avanzar, sugiero aplicar un enfoque de “regulación en base cero”: preguntarse qué obligaciones son realmente indispensables (el 2019 se identificaron ¡2.300!) y qué información es estrictamente necesaria para verificar su cumplimiento, dejando lo demás en el plano de recomendaciones o buenas prácticas. El test ácido, antes de agregar una nueva obligación, debería ser si el beneficio esperado justifica el tiempo dedicado a cumplirla. A ello habría que sumar una mayor coordinación entre el Ministerio, las Superintendencias y organismos como la CNA y el CNED, de modo de evitar requerimientos duplicados.

Rendir cuentas es indispensable; el problema es convertir la rendición de cuentas en un fin en sí mismo. El Estado necesita información para fiscalizar. Pero la educación necesita tiempo para enseñar, acompañar y mejorar. El desafío es bastante simple: que lo primero no sea obstáculo para que la gestión pedagógica se concentre en mejorar los aprendizajes.

Por Soledad Arellano, vicerrectora académica y de Investigación UAI