SEÑOR DIRECTOR:

La migración aparece en encuestas como uno de los “problemas” del país, percepción ciudadana asociada a los ingresos irregulares en el norte, que van disminuyendo. Los políticos se han centrado en el vistoso tema de las expulsiones y el gobierno ha respondido describiendo las que ha realizado.

Pero el problema real es la gran población inmigrante en situación de irregularidad, para cuya contabilización no fue útil un proceso de regularización desordenado, en cuyo decurso se sumaron vencimientos de visas no atendidos y nuevos casos de “turistas” que optaron por quedarse. Esa población carece de una cédula de identidad que es requisito para acceder a los servicios básicos y a un trabajo legal.

Es sensato resolver la expulsión de quienes delinquieron o cuentan con antecedentes penales e ingresaron clandestinamente al país, pero no lo es expulsar a cien mil personas, en particular, luego de la Declaración de Los Ángeles. Ésta apunta a la cooperación en la gestión de fronteras y la aplicación de la ley, pero ello tomará tiempo.

Aunque sea “políticamente incorrecto”, mediando información pedagógica, la autoridad debiese aplicar un mecanismo ágil de regularización masiva, priorizando a los residentes con visa vencida no atendidos y armonizando el principio de unidad familiar con los criterios etario y de género. Solo la regularización abrirá a esas personas su acceso al trabajo e integración a la sociedad.

Además, hay que prevenir el rebrote de la migración irregular, no solo aplicando la ley, sino también con medidas promotoras de la regularidad. La iniciativa oficial de establecer un sistema de solicitudes en línea desde el exterior combinadas con ofertas de trabajo, especialmente en sectores con déficit de mano de obra y en coordinación con el sector privado va en el sentido indicado.

Con todo, un sistema de oferta laboral en los diversos mercados supone una estrategia cuya discusión aún está pendiente en el ya constituido Consejo de Política Migratoria.

Jaime Esponda Fernández