Es un momento particularmente crítico para el gobierno. Los primeros meses no han salido como esperaba el oficialismo. Si bien se llegó a hablar de “brotes verdes”, por ahora no hay resultados positivos; el desempleo, el bajo o nulo crecimiento económico y el pesimismo se apoderaron de la agenda. La administración Kast apostó buena parte de sus fichas al mediano y largo plazo. En parte, tiene razón, pues no era posible revertir el deterioro del país en un puñado de meses. Como si fuera poco, las expectativas que generó su campaña y el incierto contexto internacional han hecho todo aún más difícil.

Además, distintos personeros del gobierno dieron pasos en falso. No se calculó el impacto de la subida de las bencinas apenas iniciado su período. Aunque respondió a un shock externo que el gobierno no podía controlar, sí había caminos para matizar su impacto o, al menos, para hacer más comprensible el porqué de sus decisiones. También hubo problemas internos. La tensión del presidente del Partido Republicano con el jefe del Segundo Piso, los picaneos del partido contra sus aliados y los encontronazos entre ministros por la prensa contribuyeron a generar la imagen de un gobierno con dificultades para retener el control. A eso se sumó que el gobierno perdió votaciones que supuestamente tenía ganadas en el Congreso, ya fuera por descoordinaciones en los permisos de viaje o por la hábil —pero contrarrestable— operación de Pamela Jiles en la discusión migratoria.

Lo ocurrido en materia de seguridad fue aún más grave: la sensación fue que el nombramiento de la ministra Steinert se improvisó y que no había un plan, a pesar de la insistencia en el tema durante la campaña. Luego, con un estilo decididamente mejor, la llegada del ministro Arrau no logró maquillar las carencias arrastradas. Esto culminó con la presentación de una reforma constitucional criticada por todos los sectores, pese a la vehemente defensa del propio Arrau y de Arturo Squella, quienes intentaron enmarcar el debate como uno entre el columnismo desconectado y el Chile real.

Ese es el cuadro en el que se sitúa la discusión sobre la ley de presupuesto, en el que se anticipan recortes importantes en muchas áreas. Puede que los recortes sean correctos desde la perspectiva de la gestión. En Chile se volvió una lamentable costumbre mantener programas mal evaluados, alimentada por la inercia del gasto y por los riesgos de popularidad de cortar prestaciones. Cuestionar cómo se ha gastado el dinero público no es anatema. Pero otra cosa es cómo se justifican políticamente esos recortes: convencer no solo de su conveniencia para sanear las cuentas fiscales, sino también de su justicia. En este registro, al gobierno todavía le falta mucho por hacer.

Dado lo delicado del momento, los ministros deberán ser extremadamente cuidadosos con lo que dicen y con cómo lo hacen en las próximas semanas. Junto con el pesimismo que se ha instalado en el ambiente, se observan indicios de una decepción generalizada y de una mayor predisposición a justificar las protestas (basta con ver la encuesta Cadem de la primera semana de octubre sobre la marcha de la Confech). Es cierto que este gobierno cuenta con, al menos, dos ventajas: por una parte, todavía tiene la posibilidad de formar una mayoría —frágil, ciertamente— en ambas cámaras. Por otra, no hay elecciones hasta 2028, lo cual lo aísla de la presión de las urnas. Pero el problema sigue ahí, latente. Por mucho que los chilenos tomen distancia de octubre de 2019, hay suficiente pasto seco como para que aumente la conflictividad social y se haga aún más difícil gobernar. Afinar la agenda y el lenguaje para sintonizar con un Chile que, aunque tranquilo, sigue cabreado. Morderse la lengua, pensar dos veces antes de hablar.

Por Rodrigo Pérez de Arce, abogado, investigador del IES.