SEÑOR DIRECTOR:

La crisis en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) han encendido el debate sobre la llamada “Nueva Educación Pública”. En sus orígenes, se hizo hincapié en el supuesto fracaso de los municipios como educadores, lo cual, sobra decir, sería también un fracaso del Estado. Más allá de honrosas excepciones, esta descentralización no fue exitosa: carencia de incentivos para proyectar un horizonte de desarrollo de largo plazo, ausencia de rendición de cuentas y dilución de responsabilidades, falta de capital humano y bajo financiamiento.

Hoy, a seis años de esta reforma, la gran interrogante es la capacidad de los SLEP para construir un sistema educativo que garantice de verdad una educación pública de calidad. Aunque era prematuro pedir grandes resultados, había expectativas de que el Simce 2022 marcara una diferencia en los SLEP, lo que no ocurrió. Tampoco es irrelevante el que el presupuesto público contemple sumas muy significativas para los servicios locales, puesto que hay más dudas que certezas sobre cómo llegan a su destino final, que es la sala de clases. El presupuesto 2024 contempla gastos de administración a nivel central y específicos para cada uno de los 11 SLEP vigentes, que suman del orden de US$ 1.000 millones, lo cual, a modo de contraste, equivale al 88% del financiamiento estatal a jardines infantiles que atienden a 800 mil niños y niñas.

Lo ocurrido en el norte levantó una señal de alerta sobre graves deficiencias en la gestión y quizás mal uso de recursos, y ha trascendido que está ocurriendo en otras regiones. Lo peor que puede ocurrir es actuar con prisas y exceso de voluntarismo. Desde luego, evitar caer en añoranzas del pasado revirtiendo el proceso. Conviene insistir en que la descentralización es valiosa cuando la política pública se adapta a la realidad del territorio, pero a condición de que exista la institucionalidad adecuada. Eso no se puede dar con la actual organización municipal. Que hay algunos municipios que han hecho una gran labor, solo confirma la regla y admite excepciones. Lo que corresponde ahora es pausar el proceso de incorporación de nuevos SLEP y que un órgano independiente (universidades, por ejemplo) hagan una evaluación crítica de los actuales, tanto desde el punto de vista del rendimiento de sus estudiantes, centralismo burocrático, asignación de recursos, selección de personal y del rol de los consejos técnicos y comunitarios, así como del ente directivo central.

Carlos Williamson

Clapes UC