SEÑOR DIRECTOR

Luego de tres elecciones municipales, dos presidenciales/parlamentarias y un plebiscito, se puede concluir que la inscripción automática resolvió el problema de la participación electoral de los jóvenes, que triplicaron en estos años su gravitación en las elecciones, y la voluntariedad del voto provocó una importante caída en la participación de los mayores de 50 años. De lo que se trata es que quienes concurran a votar se asemejen lo más posible a la población mayor de 18 años, sin sesgos de edad, interés por la política, condición social o territorio donde habitan.

Lo que aprobó la Cámara es una reforma constitucional que restablece la obligatoriedad. Será la Ley Orgánica la que establezca excepciones, incentivos o sanciones. Aunque no imposible, es difícil que estas precisiones alcancen a regir en los próximos comicios presidenciales y parlamentarios, pero así como el paso de la obligatoriedad simbólica (ya no se aplicaban multas) a la voluntariedad explícita tuvo consecuencias, también puede tenerlas, particularmente en la población mayor, el restablecimiento constitucional de la obligatoriedad.

La ley que establece un aporte fiscal al funcionamiento de los partidos políticos según sus votos, definió un límite de aporte global que es de un máximo de 60% de participación electoral, lo que debemos extender al aporte fiscal a las campañas, para que la reforma no redunde en gastos fiscales desmesurados.

Tan importante como la obligatoriedad es facilitar el ejercicio del derecho a voto, poniendo a los electores de cada comuna en el local más cercano de sus hogares y más adelante estableciendo el padrón electrónico para que toda persona pueda votar en el lugar más cercano de donde se encuentre. Eso es perfectamente posible y disminuiría significativamente el costo de votar.

Pepe Auth