Pensiones y populismo legislativo

El Presidente de la República volvió a dirigirse al país en cadena nacional, esta vez para valorar el acuerdo por la paz, comprometer una investigación en todos aquellos casos en que pudieran haber sido atropellados los derechos humanos por agentes del Estado -también dijo que no habría impunidad con los responsables del vandalismo-, e impulsar un acuerdo nacional en pensiones. Esto último en respuesta al acuerdo que por amplia mayoría tomó la Cámara de Diputados, que aprobó una indicación inconstitucional -por tratarse de una facultad exclusiva del Jefe de Estado- para aumentar la pensión básica solidaria en 50%, pese a que el proyecto del Ejecutivo contempla un aumento del 20%.

El Mandatario tomó el compromiso de avanzar más allá del 20% del aumento propuesto, "pero en forma responsable y a través de un camino de gradualidad", pues aseguró que "debemos evitar caer en el populismo y la demagogia". El Ministerio de Hacienda ha explicado que un aumento al 50% implicaría un gasto permanente de US$ 1.000 millones, monto que en este momento al fisco se le hace difícil de sustentar. Cabe no olvidar que el país enfrenta simultáneamente muchas otras necesidades, entre ellas los efectos de la devastadora sequía, tema que ha sido desplazado del debate público, pero no por ello ha dejado de producir graves efectos en nuestra capacidad productiva.

Ninguna de estas razones parece haber hecho sentido a los parlamentarios, partiendo por la impulsora de la iniciativa, la diputada Ximena Ossandón (RN), que tachó a las actuales pensiones de "porquerías" e incluso se permitió desafiar al propio gobierno, al plantear que "quiero ver si se atreve a ir al Tribunal Constitucional". Otras voces dentro del oficialismo también han señalado la necesidad de acortar los plazos para subir las pensiones solidarias.

El actuar de la diputada Ossandón -así como de aquellos que la han seguido en esta pulsión populista- es de una grave irresponsabilidad, porque junto con alimentar en la población expectativas que quizás sea imposible cumplir sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, degrada el valor de las instituciones al volverlas simples cajas de resonancia, incapaces de procesar los requerimientos ciudadanos en forma sustentable y, lo que es más grave aún, desconociendo el marco jurídico-constitucional.

La actual Carta Fundamental precisamente contempla esta atribución exclusiva del Presidente de la República para impedir la tentación de parlamentarios de aumentar el gasto público a su amaño. El paso que ha dado la Cámara de Diputados supone un flagrante quiebre de la institucionalidad, y solo queda esperar que en el Senado ello se corrija -¿cómo se puede exigir luego a la ciudadanía que cumpla con la ley, si los propios parlamentarios deciden incumplirla?-, sin perjuicio de que todos los esfuerzos que sea posible realizar en este momento para aumentar las pensiones solidarias deben ser considerados.

La tentación populista es el camino seguro para socavar las democracias, y por ello ese derrotero debe ser resistido. Ahora que se inicia un proceso constituyente, junto con la discusión de una ambiciosa agenda social, el Congreso debe dar pruebas de responsabilidad y templanza, justo lo que parece no estar sucediendo.