Por Juan Ignacio Brito, periodista
Acorraladas una vez más por las críticas contra el manejo de la pandemia y en medio de una nueva ola de contagios, las autoridades deberían evitar caer en la tentación de sobrepasar sus atribuciones con tal de parecer proactivas en el combate al coronavirus. Este es un riesgo serio, más aún si se considera que el país se encuentra sometido a un estado de excepción constitucional que le otorga facultades extraordinarias al gobierno. Por lo mismo, es necesario que limite su actuación a aquello que le está permitido y que no vaya más allá en su afán de mostrarse “eficiente” en momentos en que llueven los cuestionamientos y la ciudadanía califica cada vez peor el desempeño del Ejecutivo.
La decisión de redefinir los bienes no esenciales alertó acerca de lo lejos que puede llegar La Moneda. Las restricciones anunciadas inicialmente tuvieron que ser moderadas porque expedían un tufillo de inconstitucionalidad que no se condice con un gobierno que predica el respeto al estado de derecho.
No es el único caso. En una nueva versión del uso colonial de “se acata pero no se cumple”, el Ejecutivo ha ido en contra del espíritu del dictamen de la Corte Suprema que le prohibió impedir las ceremonias de culto religioso, al autorizar actividades con solo cinco asistentes como máximo y exigir a los ministros de culto una engorrosa serie de trámites para celebrar las ceremonias. ¿Resultado? Pese a que en Chile dichos actos están protegidos por un fallo del máximo tribunal, en la práctica no pueden realizarse. Hay más ejemplos. El martes, los automovilistas que circulaban por la avenida Kennedy soportaron un enorme “taco” debido a que la autoridad decidió fiscalizar allí el cumplimiento de las normas de confinamiento. Casi 1.900 vehículos fueron inspeccionados; se detuvo a seis personas y se cursaron 13 partes por infracciones de tránsito. ¿No habrá otras maneras más eficientes de vigilar, sin hacer que tanta gente pierda el tiempo por una decisión de la autoridad?
Es cierto que hablamos de ejemplos menores que empequeñecen al lado de la dimensión de la emergencia sanitaria que padece el país. Pero también lo es que la mejor manera de enfrentarla es que cada cual haga lo suyo: el público, cuidarse y respetar a los demás; la autoridad, ser escrupulosa en el ejercicio de las amplias atribuciones que posee. De ella se esperan buena fe y sentido común, para que la discrecionalidad no derive en arbitrariedad. La convivencia democrática no solo es horadada por populistas o grupos violentos. También la socavan pequeños actos administrativos cotidianos que desnudan una vocación efectista y aportan al arraigo de una cultura que predica que todo es válido a la hora de perseguir ciertos fines, más aún si estos parecen loables.
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