Por Martina Yopo, PhD., Escuela de Sociología, Universidad Diego Portales

El próximo 4 de septiembre, Chile realizará un nuevo plebiscito nacional para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución. Y lo que está en juego -quizás en una de las elecciones más trascendentales después del retorno a la democracia- es, entre otras cosas, la construcción de un orden social que permita ampliar y consolidar la justicia reproductiva en nuestro país.

La justicia reproductiva es el derecho a no tener hijos; pero, también, el derecho a tener hijos y criarlos en ambientes sanos y seguros. En términos concretos, esto se traduce en la garantía de derechos sexuales y reproductivos para poder decidir sobre la sexualidad, el embarazo y la fertilidad. Se traduce también en el acceso a recursos públicos y comunitarios asociados a salud, cuidado, vivienda y educación, un salario digno, un medioambiente saludable, y una red de protección y apoyo para cuando fallen aquellos recursos. La justicia reproductiva importa no solo porque es clave para el respeto de la autonomía, la dignidad y los derechos humanos, sino también porque es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la vida.

Sin embargo, hoy existen en Chile importantes obstáculos y desafíos para el ejercicio pleno de la justicia reproductiva. Por un lado, las restricciones en torno al acceso y uso efectivo de anticonceptivos y anticonceptivos de emergencia y la imposibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, implican que muchas mujeres y personas con capacidad de gestar no pueden decidir sobre su potencial reproductivo. Por otro lado, la falta de condiciones sociales para tener y criar hijos caracterizadas por los altos costos de la salud, la vivienda y la educación, la ausencia de corresponsabilidad en torno al cuidado de los hijos, y la falta de soportes público para la crianza, implican que hoy muchas mujeres y personas con capacidad de gestar cargan de manera individual y privada con los costos de la reproducción de nuestra sociedad.

En este contexto, la nueva Constitución representa una oportunidad sin precedentes para avanzar en justicia reproductiva en nuestro país. Pero, ¿cómo se traduce esto en términos concretos? El artículo 61 de la propuesta establece que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos y que, por lo tanto, tiene el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Además, asegura a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarias y protegidas. Asimismo, el artículo 50 establece la creación de un Sistema Integral de Cuidados para garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte de manera digna en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. Además, establece el derecho a la educación (artículo 35), el derecho a la salud y el bienestar integral (artículo 44), y el derecho a una vivienda digna y adecuada (artículo 51), y el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia (artículo 53).

Aprobar la nueva Constitución nos permitirá avanzar en justicia reproductiva. No solo porque garantizará la consolidación y ampliación de los derechos sexuales y reproductivos, sino también porque permitirá reconstruir las infraestructuras públicas para el cuidado, garantizar las condiciones sociales necesarias para tener y criar hijos, y fortalecer los soportes colectivos para la sostenibilidad de la vida.