Pobreza y exclusión de la niñez migrante



Por Arturo Celedón, director ejecutivo de Colunga

La migración hacia Chile no es un fenómeno nuevo, desde hace años hemos visto multiplicarse las personas nacidas fuera de Chile que vienen a sumarse y aportar a la sociedad. Hoy nos enfrentamos a una crisis humanitaria y ética. Seis millones de venezolanos y 1,5 millones de haitianos han dejado sus países en un proceso de movilidad humana mucho mayor que la migración siria que ha puesto en tensión el sistema de seguridad social en Europa. Familias completas se han arriesgado a cruzar un desierto y dormir a la intemperie buscando un mejor futuro.

Frente al endurecimiento de fronteras que ha intentado el gobierno chileno, hemos visto cómo casi 20.000 personas han ingresado al país por pasos no habilitados, incluidas 1.800 niñas y niños que han debido cruzar a pie el desierto y arriesgar su vida e integridad.  Por eso, es urgente que asumamos que estamos frente a una ola migratoria producto de crisis humanitarias en países de la región, y frente a ella solo podemos preguntarnos cómo queremos reaccionar como sociedad: ¿Queremos elegir una respuesta punitiva en la que castiguemos al que no ha respetado una regulación, o una postura compasiva en la que generemos un piso de dignidad para quienes han debido arriesgarlo todo?

No seamos ingenuos ni buenistas: hay motivos para querer cerrar las fronteras. Para muchos tiene sentido reservar los apoyos estatales para la población local que ya vive situaciones complejas por la pandemia, aunque esa idea de competencia se basa en mitos y desinformación. En el caso de las viviendas sociales, por ejemplo, las cifras derriban este “mito”, ya que entre 2016 y 2021, solo un 1,3% del total de apoyos ha sido destinado a personas migrantes, según informes del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y en términos generales, la población migrante recibe menos apoyos públicos que el aporte que realizan a la economía.

Como sociedad, tenemos la capacidad de brindar una mejora en las condiciones de vida a estas familias. En un estudio que realizamos junto a la Universidad Católica, Unicef y World Vision Chile vimos en general que éstas logran acceder a empleo y servicios de salud, que sus ingresos son similares a los de familias chilenas y después de un tiempo en Chile han logrado incluirse en el sistema educativo plenamente. Y lo más importante, nueve de cada diez niñas y niños dicen estar felices de llegar a Chile, lo que da cuenta de que sí podemos ofrecer a esas familias y a sus hijas e hijos un futuro mejor.

Sin embargo, la adopción de un enfoque punitivo nos aleja de ser una sociedad de acogida. La ausencia de una política migratoria con enfoque de derechos deja un vacío en el momento de la llegada y posibilita situaciones brutales: la ausencia de Estado abre la puerta a trata de personas, a circuitos de ilegalidad, a la ocupación de espacios públicos con campamentos improvisados; lo que da como resultado entregar a las comunidades la responsabilidad de gestionar una situación que excede sus capacidades, y genera condiciones de desesperación que están detrás de la violencia. Son ellos quienes deben garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) al momento de diseñar e implementar políticas públicas; debemos como sociedad civil movilizarnos para asegurar el bienestar de todas las NNA en condición de vulnerabilidad, sin importar el país de origen. Todas y todos somos potencialmente migrantes y merecemos el mismo respeto y solidaridad.

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