Septiembre vuelve a poner en el centro de la discusión pública el Presupuesto de la Nación. Como ocurre cada año, buena parte del debate se concentrará en cuánto aumentan o disminuyen los recursos destinados a las distintas áreas. En infraestructura, esa discusión es necesaria, pero insuficiente. En un escenario de estrechez fiscal, la pregunta relevante no es solamente cuánto invertimos, sino dónde, cómo y con qué resultados.

Chile necesita más y mejor infraestructura para aumentar su productividad y competitividad, mejorar la conectividad y calidad de vida, reducir brechas territoriales, aumentar la resiliencia y acompañar sectores estratégicos como la minería, la energía y la logística. Pero las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles. Por eso, priorizar bien es indispensable.

Durante años hemos tendido a medir el desempeño de la inversión pública principalmente por la ejecución presupuestaria. Ejecutar lo comprometido es fundamental, pero ejecutar el 100% no necesariamente significa invertir bien. La pregunta central es si estamos destinando los recursos a los proyectos que generan mayor valor social y económico.

Para ello debemos considerar no solo su rentabilidad social, sino también su grado de madurez. Asignar recursos a iniciativas que todavía enfrentan dificultades de diseño, permisos, expropiaciones o coordinación institucional puede terminar inmovilizando presupuesto que podría utilizarse en proyectos preparados para ejecutarse.

Esto requiere construir una base permanente de proyectos de infraestructura con mirada de Estado y de largo plazo. Las grandes obras no pueden comenzar a pensarse cada cuatro años. Desde que se identifica una necesidad hasta que una infraestructura relevante entra en operación pueden transcurrir diez años o más.

Necesitamos una cartera priorizada y actualizada que avance anticipadamente en estudios, ingeniería, evaluación social y aspectos ambientales y territoriales. Así, cada gobierno podrá seleccionar, según sus prioridades, proyectos suficientemente maduros para ejecutarse, dando continuidad a la inversión y reduciendo tiempos.

Pero invertir mejor también significa construir mejor. La incorporación de nuevas tecnologías, industrialización, BIM, digitalización, mejores mecanismos contractuales y gestión temprana de riesgos puede reducir costos y plazos. Aumentar la productividad de la construcción permite, en definitiva, hacer más infraestructura con los mismos recursos.

Lo mismo ocurre con la conservación. Chile posee un enorme patrimonio en carreteras, puentes, aeropuertos, hospitales y otras obras. Postergar su mantenimiento puede parecer un ahorro de corto plazo, pero suele traducirse en mayores costos futuros y menor resiliencia frente a eventos extremos.

Finalmente, necesitamos fortalecer nuestra capacidad de ejecución. De poco sirve contar con recursos y buenos proyectos si los procesos de diseño, permisos, expropiaciones, licitación y contratación demoran excesivamente.

El Presupuesto 2027 es una oportunidad para mirar más allá de las cifras: qué proyectos generan mayor valor, cuáles están realmente preparados para ejecutarse, cuánto estamos protegiendo lo ya construido y qué infraestructura estamos preparando hoy para los próximos diez o veinte años.

Cuando los recursos son escasos, invertir más es importante, pero invertir mejor es indispensable.

*El autor de la columna es profesor titular de Ingeniería UC, integrante del comité ejecutivo de Clapes UC y presidente del Colegio de Ingenieros de Chile