A pesar de que el gobierno igualmente renovó la calidad de suma urgencia (para que al menos siga en tabla) y adoptó algunos ajustes para intentar salvar la iniciativa, el proyecto de Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades aparentemente sigue a la deriva.

Para el mismo oficialismo resultó sorpresivo, que este registro -que el Presidente José Antonio Kast presentó como un proyecto estrella en materia de orden público, incluso, la firmó en la misma noche del 1° de junio tras su anuncio en la cuenta pública en el Congreso- no fuera incluido en la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT).

Aunque semánticamente la iniciativa no tiene necesariamente relación con actividades criminales graves, la ACOT incluye varias medidas complementarias que van desde mejorar la carrera de Carabineros a endurecer medidas contra infracciones y delitos menores como barricadas, insultos a policías y el uso de “capuchas”.

En la sesión del martes de la Comisión de Seguridad de la Cámara, además, quedó claro que el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), ya no estará a cargo gestionar la iniciativa, aun cuando fue uno de los secretarios de Estado que firmó la propuesta presidencial, junto a sus pares de Justicia, Fernando Rabat; de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Interior, Claudio Alvarado.

Quién es el jinete

El titular de Seguridad concurrió el lunes en la tarde a exponer sobre el proyecto antibarricadas -que se discutió posteriormente en esa comisión- y fue consultado por la agenda que está desarrollando que considera por ahora solo 23 proyectos.

“¿Por qué no vine a la discusión del Registros de Vándalos? Yo no estaba citado a esa sesión. Estamos con una intensa agenda, estoy tratando de venir en lo que más se puede, por temas de trabajo, por eso agradezco la autorización para que pueda venir el subsecretario (de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero), quien está llevando gran parte a la agenda legislativa, pero esa es la razón de por qué no vine a ese proyecto, que lleva el Ministerio del Interior”, dijo.

Incluso para mayor claridad, ante las consultas de los diputados de oposición, Arrau remarcó que “nosotros hemos emitido opinión cuando se nos ha solicitado, pero no somos los que estamos jineteando ese proyecto, dada la intensa agenda legislativa”.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Cristián Araya, refrendó la postura del ministro de que la iniciativa sobre el Registro de Vándalos e Incivilidades ya salió de la cartera de Arrau.

Por esa misma razón, a la sesión previa de este lunes en la tarde, se invitó a exponer al ministro del Interior, quien por otros compromisos no pudo asistir.

Araya (republicano), además, cuestionó el bloqueo que a su juicio existe de diputados opositores para que pudiera asistir a la comisión el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), en reemplazo de Claudio Alvarado (UDI).

“El proyecto siempre ha sido del Ministerio Interior. Por eso ha tenido ese rol (de hacer su defensa) el subsecretario Pavez. Pero lamentablemente la oposición impidió que participara al no dar la unanimidad. Le niegan la posibilidad de venir a exponer, y después alegan que no viene nadie del Ejecutivo”, señaló.

De hecho esa fue la excusa de La Moneda para que ningún representante gubernamental pudiera exponer las nuevas indicaciones presentadas este lunes. Estas enmiendas buscaban precisamente hacerse cargo de las severas críticas de juristas y parlamentarios, incluso del propio oficialismo, en contra de la iniciativa.

Sin embargo, el bloqueo opositor sería fácilmente subsanable por el oficialismo si es que el subsecretario Pavez es invitado personalmente a exponer en la comisión, donde la derecha no solo tiene la presidencia, también la mayoría. De hecho, ese resquicio ha sido usado en el pasado en virtud del artículo 223 del Reglamento de la Cámara que señala que “las comisiones (...) podrán solicitar la comparecencia de funcionarios que estén en condiciones de ilustrar sus debates”. Para ello, solo basta una mayoría, incluso, la voluntad del presidente de la comisión, según interpretan algunos legisladores.

Pese a la ausencia del Ejecutivo este lunes para defender las indicaciones, la instancia que preside Cristián Araya igualmente inició la votación del articulado y aprobó, por mayoría, la nueva propuesta del gobierno de crear dos registros: uno de actos vandálicos y otro de incivilidades. La nueva norma señala, además, que estos registros serán “públicos, electrónicos y nacionales”.

“El proyecto se ha ido mejorando de forma sustantiva”, señaló Araya (republicano).

Oposición: “Les da vergüenza”

No obstante, en la oposición ven “falta de entusiasmo” de los ministros en defender una iniciativa cuestionada del punto de vista jurídico e interpretan que también fue una señal que no fuera incluida en la llamada ACOT (agenda de seguridad), ya que, de alguna forma, está relacionada con sus objetivos.

“El gobierno abandonó el principal anuncio de Kast. Rápidamente se dieron cuenta que esto iba a ser una vergüenza legislativa, insostenible jurídicamente y no tuvieron el coraje de venir a la comisión a defender sus indicaciones”, señaló el diputado Jaime Araya (independiente PPD).

Su par Tatiana Urrutia (Frente Amplio) dijo que “ya nada nos sorprende de este gobierno en materia de seguridad. Siguen demostrando improvisación. Presentaron este proyecto como prioritario y lo han dejado huérfano durante toda su tramitación. No han respondido a ninguna de las 17 instituciones que vinieron a decir que este proyecto estaba mal de forma y fondo. Les da vergüenza”.

“Era el proyecto estrella del Ejecutivo. Vinieron 17 instituciones y expertos a hablar. Todos en contra. Y ahora, el gobierno presenta indicaciones donde desnaturaliza absolutamente el proyecto. Nadie se quiere hacer cargo de este engendro”, añadió el diputado Raúl Leiva (PS).

Registro estrella

Cuando el Presidente Kast anunció y firmó el proyecto señaló que “no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.

La iniciativa planteaba mantener un registro de vándalos e incivilidades tiene como objetivo quitarles beneficios sociales como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio de Arriendo.

Entre los delitos que se pretendía considerar para este registro de vándalos figuraban: atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud; retención del transporte público; tráfico de estupefacientes y daño a monumentos nacionales

Dentro de las incivilidades calificaban conductas como: venta ilegal de alcohol; consumo de drogas en la vía pública; rayados sin autorización a la propiedad pública y privada y destrucción de equipamiento comunitario.

Pese a las críticas, en La Moneda defiende que el proyecto sigue en pie y que independiente de quien lo gestione es un proyecto de gobierno. Prueba de ello es que se renovó la suma urgencia para sea despachado de la Cámara probablemente la próxima semana.