El gobierno informó este martes que ingresó un proyecto de ley al Congreso para postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, tal como se había anticipado.

Actualmente está establecido que dicho cuerpo legal que fue despachado por el Congreso en agosto de 2024, comienza a regir el próximo 1 de diciembre, con exigentes obligaciones a servicios públicos y empresas al momento de tratar información privada de las personas, reconociendo los derechos de los titulares de los datos. Pero en caso de aprobarse esta nueva iniciativa, que ingresó al Senado con suma urgencia, ese plazo se retrasa un año.

El objetivo de esta postergación es “contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su correcta implementación”, señaló el gobierno mediante un comunicado. “La iniciativa busca otorgar un año adicional de preparación para una reforma que tendrá efectos transversales sobre organismos públicos, empresas, fundaciones y otras entidades que realizan tratamiento de datos personales”, explicó.

Además, el Ejecutivo hizo otro ajuste: la ley actual establece que en el primer año desde que entra en vigencia, “la Agencia (de Protección de Datos Personales, APDP, que es la encargada de velar por su cumplimiento) podrá aplicar como sanción una amonestación por escrito”, solo cuando se refiere a empresas de menor tamaño. Pero ahora eso se amplía para todas las empresas. Es decir, la Agencia podrá aplicar una amonestación por escrito como sanción, en vez de una multa económica, desde diciembre de 2027 hasta diciembre de 2028, a todos sus regulados.

El proyecto también considera hacer ajustes en esta Agencia de Protección de Datos Personales, aumentando de tres a cinco los integrantes de su consejo directivo y estableciendo un quórum de tres miembros. Además, la iniciativa legal propone adelantar la designación de su primer consejo, el que “deberá efectuarse, a más tardar, doce meses antes de la entrada en vigencia de la ley”, señala el texto. Así, en diciembre próximo ya debería estar designado el consejo.

Respecto de esto último, a modo de precaución el gobierno incluyó un artículo transitorio para que en caso de que se prolongue la tramitación de este proyecto de ley, y su aprobación ocurriera cuando falten menos de doce meses para la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, “la primera designación de los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes” desde la publicación de este proyecto de ley que acaba del ingresar al Congreso.

El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas, destacó que la propuesta busca resguardar el objetivo de la nueva legislación y, al mismo tiempo, asegurar que pueda aplicarse de manera efectiva. “Esta es una reforma muy relevante para Chile y nuestra responsabilidad es que entre en vigencia con una institucionalidad preparada, reglas claras y condiciones que permitan su adecuado cumplimiento. No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día”, señaló.

El Ejecutivo explicó en el comunicado que “el período adicional permitirá también que organismos de la administración del Estado, municipalidades, servicios públicos y actores del sector privado puedan adecuar sus sistemas, procesos y estructuras internas a las nuevas obligaciones. Con ello, se busca disminuir la incertidumbre y evitar costos innecesarios derivados de una implementación apresurada de una normativa de amplio alcance”.

Justamente, los gremios de grandes empresas habían argumentado que existía falta de certeza jurídica de cara a la entrada en vigencia de la ley, ya que aún no se ha implementado la agencia estatal especializada en supervisar este tema y que, según estableció la ley, debió haber estado operativa a más tardar el 1 de junio de 2026.

La iniciativa establece un nuevo régimen de infracciones y significativas sanciones económicas a eventuales empresas infractoras, las que fluctuarían, inicialmente, entre $358 millones (5 mil UTM) y $1.400 millones (20 mil UTM), pero incluso esos valores podrían triplicarse o llegar al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una firma, si la Agencia de Protección de Datos Personales que crea la ley, detecta conductas reincidentes y agravantes.

El gobierno también dijo que “la propuesta apunta así a compatibilizar el fortalecimiento de la protección de los datos personales con una implementación seria y responsable. El objetivo es que la nueva regulación no solo entre en vigencia, sino que cuente desde su inicio con una institucionalidad preparada, reglas conocidas y capacidades suficientes para ser aplicada y fiscalizada correctamente”.

Gremios valoran postergación

Desde el sector privado valoraron la postergación propiciada por la autoridad. El gerente general de la Asociación de Bancos (Abif), Luis Opazo, comentó que “la protección de los datos personales es un desafío para una economía cada vez más digital. Por eso, más que apresurar la aplicación de una regulación de esta magnitud, resulta clave generar las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, con reglas claras, una institucionalidad plenamente operativa y una coordinación efectiva con las demás normativas involucradas”.

En ese sentido, Opazo dijo que “la nueva fecha de entrada en vigencia de la ley permitirá aprovechar este período para resolver los aspectos pendientes -agencia, reglamentos, etcétera- y asegurar que los estándares de protección puedan cumplirse de manera efectiva desde el primer día, permitiendo avanzar en un marco donde se empleen y a la vez resguarden apropiadamente los datos de los clientes”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Marcelo Mosso, comentó: “Valoramos que el gobierno haya ingresado” este proyecto. “Se trata de una normativa muy relevante para Chile y este plazo puede contribuir a que la ley se implemente con una institucionalidad preparada y criterios que entreguen certeza para su correcta aplicación”, agregó.

Además, Mosso explicó que “para la industria aseguradora existe además un aspecto de fondo que es importante abordar durante este período. La legislación vigente reconoce expresamente el tratamiento de datos con fines estadísticos y de tarificación. Esa habilitación no quedó recogida de la misma manera en la nueva ley, lo que deja los procesos que hacen posible la actividad aseguradora sin una base legal expresa para el tratamiento de esos datos”.

A su juicio, “la postergación es una oportunidad para revisar esta materia y avanzar en una solución que permita proteger adecuadamente los datos de las personas y, al mismo tiempo, contar con una habilitación legal expresa para el uso responsable de la información necesaria para el funcionamiento de la industria”.