SEÑOR DIRECTOR

La reciente filtración de la ubicación (casi exacta) de pacientes Covid-19 positivos, encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad y las dolorosas consecuencias de la difusión ilegal de datos sensibles.

El hackeo de datos que debieran ser custodiados bajo estricta confidencialidad, con medidas adecuadas a su delicada información, es señal de que el Minsal compila data que no está preparado para administrar.

Es preciso señalar que no hay interés público en los mapas filtrados. La comunidad científica no necesita saber -exactamente- el domicilio de los contagiados, ni sus identidades. Ya no se confunde transparencia con el morboso afán de saberlo todo, ni con olvidar el límite que nos impone la sensibilidad, y por tanto la privacidad de los datos de personas.

Lo que sí precisan los expertos es contar con transparencia objetiva, y no aquella transparencia que la autoridad desea mostrar. El monitoreo civil de la función pública requiere hacer cruces de variables que permitan cuestionarla. Las decisiones de gobierno son auditables y serán validadas en la medida que la data se encuentre disponible para su análisis. De lo contrario, detrás siempre quedará la duda. El salto tecnológico en la ejecución de la administración pública urge de resguardo profesional de los datos que se manejan y de transparencia en su publicación.

Lucía Buttazzoni F.

Abogada