La propuesta de modificar el gobierno corporativo de Codelco parte de un objetivo difícil de cuestionar: profesionalizar su directorio, reducir los conflictos de interés y asegurar que sus integrantes actúen exclusivamente en beneficio de la empresa y del Estado. Sin embargo, la fórmula escogida puede producir precisamente el efecto contrario, es decir menos independencia y mayor influencia del poder político.

El proyecto propone eliminar los dos cupos cuya nominación se origina actualmente en trabajadores y supervisores, y entregarlos a la designación directa del Presidente de la República. Es legítimo discutir si la representación laboral puede generar conflictos entre los intereses de quienes participan en su nominación y los deberes propios de un director, pero el análisis no puede terminar ahí. La pregunta esencial es quién recibe ese poder.

De aprobarse la reforma, cinco de los nueve directores serían de designación presidencial directa. Los otros cuatro continuarán siendo nombrados por el Presidente a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. En estos últimos existe un filtro técnico que limita la discrecionalidad presidencial, pero el resultado institucional sigue siendo significativo: los nueve directores serían finalmente nombrados por el Presidente y cinco, la mayoría absoluta, quedarían bajo su elección directa.

Ahí aparece la contradicción del proyecto. Si el argumento para eliminar los cupos laborales es que quienes llegan al directorio pueden verse influidos por los intereses de quienes intervienen en su nominación, ¿por qué ese mismo razonamiento no debería aplicarse a quienes son escogidos directamente por el poder político?

El conflicto de interés no desaparece cambiando quién designa al director, sino que cambia de lugar. Los gobiernos tienen legítimas prioridades políticas, económicas y fiscales, enfrentan ciclos electorales y responden a contingencias inmediatas. Codelco, en cambio, adopta decisiones de inversión y explotación cuyos efectos pueden extenderse durante décadas. Esa diferencia importa; Codelco pertenece al Estado de Chile, no al gobierno de turno.

Además, los estándares internacionales avanzan en una dirección distinta. Las directrices de la OCDE sobre empresas estatales promueven procesos de nominación transparentes y basados en mérito, directorios capaces de ejercer un juicio objetivo e independiente y mecanismos que reduzcan la interferencia política. La OCDE tampoco considera que la representación de trabajadores constituya, por sí sola, una amenaza a la independencia del directorio.

Esto no significa que los actuales cupos laborales sean intocables. Si existen problemas de idoneidad, independencia o conflictos de interés, corresponde elevar los requisitos profesionales, fortalecer incompatibilidades y deberes fiduciarios o establecer mecanismos técnicos e independientes de selección.

Pero reemplazar dos cupos cuestionados por dos nuevas designaciones políticas directas no parece resolver el problema. Puede simplemente sustituir una potencial fuente de influencia por otra considerablemente más poderosa.

Una reforma destinada a fortalecer Codelco debería significar más mérito, más independencia y mejores controles frente a cualquier interés particular, incluido el político. Porque un director de Codelco no debe representar al sindicato, a un partido ni al Presidente que lo nombró. Sino que debe velar por el interés de la empresa y del Estado.

Si el objetivo es aumentar la independencia, resulta difícil explicar por qué la solución sería concentrar aún más poder de designación en el Ejecutivo. Profesionalizar Codelco no puede significar presidencializar su directorio.

*La autora de la columna es abogada socia de Borzutzky y Cía.