Propiedad minera y régimen de amparo

minería



Por Alfonso de Urruticoechea, abogado del estudio jurídico Arteaga Gorziglia.

Es indudable que la minería, sector de vital importancia para la economía y desarrollo de nuestro país, será objeto de intensa discusión y debate en el proceso constituyente. La industria minera nacional debiera adelantarse a los posibles cambios a la propiedad minera, con miras a promover de manera proactiva (y no reactiva) una minería moderna, competitiva, inclusiva y sustentable.

En particular, un tema que seguramente se discutirá y analizará en detalle es su régimen de amparo, el que básicamente consiste en el pago de una patente para cautelar la titularidad de la propiedad minera, sin la necesidad de realizar trabajos, inversión o producción mínima. Eso no es así en muchos países de tradición minera, en los cuales se aplica un régimen mixto, esto es el pago de una patente y requerimientos de inversión, producción o trabajo mínimo, por ejemplo, Australia, Canadá y Perú.

Es innegable que la objetividad y simpleza del régimen de amparo chileno fue uno de los pilares del desarrollo sin precedentes de la industria minera local. No obstante, dicho sistema ha sido objeto de distorsiones y algunas ineficiencias, incluyendo la concentración de propiedad minera en pocas manos, su acaparamiento con fines especulativos y la escasa utilización, rotación y dinamismo de ésta. Lo anterior, se ha traducido en ocasiones en barreras de entrada para nuevos actores y, en definitiva, en un subóptimo en el desarrollo de las actividades de exploración y explotación en el país.

Así las cosas, y dado el incierto panorama político y económico que vive Chile, prevalece un cierto consenso entre los expertos de que el ideal es evitar mayor incertidumbre para la industria minera y, por tanto, si bien se debe y requiere perfeccionar el régimen de amparo vigente, se debe, a su vez, mantener y consolidar la certeza que éste otorga. Ello es necesario para atraer inversión a una actividad esencialmente riesgosa sin renunciar al uso eficiente y efectivo de la propiedad minera. En este sentido, una propuesta que suma varios promotores es la de equiparar el valor del canon minero a estándares internacionales comparativos, junto con aplicar un aumento progresivo de la tasa.

El proceso constituyente en curso es una gran oportunidad para actualizar y fortalecer la propiedad minera, de manera de encontrar un equilibrio entre la seguridad jurídica requerida por los inversionistas y el incentivo necesario para fomentar la exploración y explotación efectiva y sustentable de nuestros recursos mineros, así como recuperar el atractivo de Chile como destino de inversión minera.

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