A un mes de la presentación del último Presupuesto que elaborará este gobierno, y cuando ya se conocen los parámetros estructurales utilizados para elaborar la propuesta, resulta relevante revisar la trayectoria reciente del gasto público y poner en contexto sus principales cifras.

Durante esta administración el crecimiento del gasto será de los más bajos desde el inicio de la implementación de la regla fiscal, sin que ello haya implicado desatender las principales prioridades de la ciudadanía. Entre 2002 y 2009, el gasto real creció en promedio 7,5% anual; y entre 2010 y 2021 el alza fue de 7,7%. En contraste, para este período de gobierno, considerando el ajuste extraordinario de 2022 y la proyección para 2026, la variación será de –3%; y sin dicho ajuste, el aumento será solo 2%. Lo anterior ha sido fundamental para controlar la deuda pública, que este año registrará su menor crecimiento desde 2007, la última vez en que el indicador disminuyó como porcentaje del PIB.

¿Cómo es posible contener el gasto público y, al mismo tiempo, resguardar las urgencias de las familias? Una de las principales herramientas ha sido la reasignación de recursos en cada formulación presupuestaria hacia áreas prioritarias: la seguridad pública, económica y social. El Presupuesto 2024 se rebajó en $1,6 billones respecto de 2023, y en $1,5 billones este año respecto de 2024. Así, generamos espacio fiscal para financiar de manera responsable políticas como la Pensión Garantizada Universal, el incremento de más del 16% en recursos para policías, o los apoyos focalizados transitorios para pyme y familias cuando más se necesitaba, como el Bolsillo Familiar Electrónico. Lo anterior ha sido clave para que los ajustes se hayan hecho sin aumentar la pobreza.

Por eso, la metodología que se ha utilizado cada año para que los ministerios formulen su presupuesto es realizar una propuesta más baja que la del año en curso, obligando a priorizar y revisar los gastos desde cero. Complementariamente, cada año se realiza una revisión exhaustiva de la oferta programática del Estado, con énfasis en su monitoreo, evaluación y oportunidades de eficiencia. Un hallazgo relevante es que dicha oferta se encuentra altamente fragmentada: el 41,3% de los programas ejecuta menos de $2.000 millones anuales, muchas veces con baja cobertura, impacto y alto gasto administrativo. Aunque numerosos, en conjunto representan menos del 0,6% del Presupuesto monitoreado. Con esta evidencia, los últimos dos años se han rebajado, fusionado o eliminado programas públicos con falencias por más de $110 mil millones, y con ese norte seguiremos en el Presupuesto 2026.

Sin embargo, el margen para realizar este tipo de ajustes administrativos es cada vez más estrecho. Más del 90% del Presupuesto corresponde a obligaciones legales o afecta materias que están directamente relacionadas con la administración del orden público y la justicia o la inversión pública. Esto indica que, si bien siempre existe espacio para revisar y mejorar, se requieren reformas legales que aseguren una contención permanente y sustantiva en la trayectoria del gasto.

En los próximos días un grupo de especialistas convocados por el Ministerio de Hacienda y Dipres entregará sus recomendaciones para contener, reducir y mejorar la eficiencia del gasto público, las que comenzaremos a recoger en el Presupuesto 2026. Este informe tendrá una alta relevancia para la discusión y esperamos que el Congreso acompañe este esfuerzo.

Chile ha demostrado que la disciplina fiscal, de la mano de la generación de nuevas fuentes de ingresos permanentes y las mejores perspectivas económicas son fundamentales para el desarrollo. Pero tanto en nuestro país como en el contexto comparado las presiones de gasto seguirán existiendo, sobre todo las asociadas al envejecimiento de la población y a la adaptación y mitigación para evitar las consecuencias del cambio climático. Para mantenernos bajo un nivel prudente de deuda pública y seguir atendiendo a las necesidades urgentes, se vuelve clave seguir haciendo esfuerzos de revisar nuestro gasto público y tener una mirada compartida de país en ello.

La autora de la columna es directora de Presupuesto