La población económicamente activa está enfrentando la necesidad de ajuste más exigente que se haya dado desde la grave crisis de comienzos de los años ochenta. Luego de cuatro años de bajo crecimiento durante el gobierno de la Nueva Mayoría, la economía mejoró algo en 2018 para volver a un desempeño muy pobre durante 2019. Esto consolidó una expectativa de bajo crecimiento permanente, que obliga a grandes ajustes en consumo para acomodar los nuevos niveles de gasto a un presupuesto alimentado por ingresos que crecen a un ritmo sustancialmente menor, si, como parece probable, la economía va a estar creciendo en torno a 2% anual, lejos del 5% anual que sustentó por décadas el bienestar creciente experimentado por los chilenos.

El diagnóstico de un gran componente económico tras el actual "estallido social" debería haber centrado la energía política del país en encontrar las fórmulas para recuperar pronto el crecimiento acelerado, pues la alternativa es abocarse a un período prolongado de ajuste de la población a una nueva realidad de mucha mayor austeridad, con restricciones severas sobre la calidad de vida, políticamente difícil de gestionar.

Lejos, sin embargo, de un fuerte énfasis en la necesidad de superar la actual coyuntura sin sacrificar las posibilidades de un repunte pronto del crecimiento, lo que se observa es la debilidad del gobierno para frenar iniciativas dañinas para instituciones importantes para la buena marcha de la economía libre, y un avance hacia la pérdida de la fortaleza de las finanzas públicas que fue el pilar esencial de la estabilidad macroeconómica que por décadas ha dado espacio para el funcionamiento virtuoso de las instituciones pro crecimiento.

Lo ocurrido en relación con el límite a la jornada laboral ilustra este proceso: la propuesta sobre las "40 horas" de la oposición, que fue inicialmente resistida con fuerza por limitar las posibilidades de generar ingresos en un segmento vulnerable de los trabajadores, terminó siendo asimilada, si bien con variaciones, en proyectos del gobierno. Lo mismo ha ocurrido en materia previsional. El gobierno avanzó inicialmente una propuesta de aumento en las cotizaciones de 4%, casi en su totalidad para fortalecer la capitalización individual. Hoy, mientras la propuesta opositora eleva en 6% las cotizaciones, para desviarlas por completo a elementos "solidarios" o de "reparto", la última propuesta oficial eleva en 6% las cotizaciones, 3% para capitalización individual y 3% para fines solidarios.

Hay dudas sobre el futuro de las finanzas públicas, en especial cuando para este año ya se proyecta el mayor déficit fiscal en las últimas tres décadas. Se entiende que la deuda pública habrá crecido hasta 40% del PIB hacia 2024 si los gastos comprometidos y los límites a la expansión fiscal futura son los que anticipa el gobierno. Pero esa noción de control sobre las finanzas fiscales pierde credibilidad cuando se observa, como en lo previsional, que el gobierno reduce su discrepancia con la oposición cediendo en aspectos fundamentales. La consecuencia fiscal de un manejo heterodoxo es doble: directamente si se ha cedido frente a demandas por gasto excesivo; e indirectamente, como en el caso previsional, donde la transformación de cotizaciones en impuestos va a promover informalidad, menos cotizaciones y, en definitiva, cargará sobre el fisco el peso de financiar pensiones más altas con menor contribución de la capitalización individual.

Tal como un grupo de economistas consultados por Pulso reconoció esta semana, la posibilidad de que el país se esté encaminando hacia una situación fiscal insostenible en el largo plazo -creciente gasto público, alto endeudamiento y bajo crecimiento- es real, y el grave impacto de ello no debe ser desestimado. En el gobierno existe la convicción de que el esfuerzo fiscal para superar la crisis llegó a su techo, y que ir más allá no será posible sin poner en riesgo la solvencia del país. Un compromiso más claro en esa línea ayudaría a atenuar la incertidumbre.