Por María Isabel Díaz, educadora
La universalización del derecho a sala cuna a todas las madres o padres trabajadores es un anhelo social de amplio consenso. Sin embargo, ha tenido una enorme complejidad alcanzar avances en esta materia, no tan solo por la inconsistencia de las definiciones y principios (normativas, elementos jurídicos y financieros ) que enmarcaban las propuestas iniciales, sino también por la evidente ausencia de una perspectiva intersectorial que lograra compatibilizar dos grandes desafíos de esta política pública: derribar las barreras para la incorporación de la mujer al mercado laboral y responder al derecho a la educación desde los primeros años.
El nuevo proyecto de ley (corta) adopta finalmente otra configuración, intentando corregir parte de las aristas que lo tenían paralizado, como son: la justa expansión de la cobertura de trabajadoras, la estructura colaborativa y los aportes diferenciados de financiamiento; la administración, fiscalización y regulación del fondo solidario por entes públicos; el compromiso fiscal de contar con fondos públicos cuando los recursos sean insuficientes, y la decisión de no incluir a las salas cunas públicas (presumiblemente), dado que no aparecen mencionadas. Medidas que deberán ser debatidas y complementadas, integrando por cierto al Ministerio de Educación.
Sin embargo, al ingresar en el terreno operativo, el proyecto debe enfrentar una encrucijada: la carencia de infraestructura, es decir, la falta de establecimientos acreditados para garantizar el efectivo derecho a salas cunas de calidad. En este camino, con la finalidad de superar esta limitante se propone transitar hacia un sistema mixto de “cuidado” que contemple salas cunas formales (privadas) y modalidades de atención (domiciliario, vecinal y comunal) reconocidas por el Estado, generando para ello un registro de cuidadores, sin precisar marcos regulatorios ni financieros que permitan vislumbrar su puesta en práctica. Para dilucidar la ambigüedad y el riesgo de precarización de esta fórmula, el Ejecutivo ha anunciado que se resolverá mediante un reglamento, lo que resulta extremadamente inquietante, porque se trata ni más ni menos del diseño e implementación de un nuevo sistema de atención para la primera infancia con enfoque territorial, donde precisamente esta modalidad de cuidado o de atención asistencial tendría un rol determinante, muy atractivo para las finanzas y por tanto competitivo, puesto que en la primera fase concentraría el mayor porcentaje de niños menores de 2 años. Frente a este escenario incierto y para despejar las múltiples interrogantes, conjeturas y efectos contrarios a los deseados en políticas integrales, donde el país ha logrado importantes progresos en educación inicial, lo más prudente es que se dé a conocer en profundidad la propuesta del nuevo sistema mixto.
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