Por Marcela Ríos, representante residente asistente PNUD Chile
La experiencia de otros países que han reemplazado exitosamente sus textos constitucionales indica que la forma en que se realiza la discusión puede ser tan relevante para generar legitimidad y apoyo de la ciudadanía como el fondo o articulado específico.
La Convención ha buscado innovar en la forma de discutir y deliberar, cuidando aspectos que han contribuido a los bajos niveles de confianza en otros organismos. Pese al escepticismo, la Convención logró aprobar cuatro reglamentos de funcionamiento en menor tiempo que otros procesos constituyentes, tras la realización de más de 1.000 audiencias públicas y en un trabajo abierto al escrutinio público.
La discusión que se inicia se hará a partir de reglamentos que otorgan central importancia a los estándares éticos que rigen la labor de quienes integran la Convención, con mecanismos para asegurar que ellos sean puestos en práctica y sanciones para quienes los incumplan. Incluyen además un conjunto amplio de mecanismos de participación popular que permitirán la interacción de la Convención y sus integrantes con quienes tengan interés de expresar opiniones y hacer llegar propuestas a lo largo del país. En forma inédita, las reglas aprobadas por la Convención establecen el deber de realizar un proceso de participación y consulta de los pueblos indígenas en línea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
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En la primera semana de trabajo territorial, también se ha respondido a la demanda por mayor descentralización en la toma de decisiones, mostrando dinámicas de rendición de cuentas que irán acompañando el proceso.
Los desafíos por delante son muchos. En un plazo acotado, la Convención debe discutir y aprobar todo el articulado de una nueva Constitución que abarca una enorme cantidad de temas, conectando con las demandas de fondo que la sociedad chilena ha venido expresando en los últimos años. Esto debe hacerlo, además, mientras sigue cuidando la forma, implementando los reglamentos a través de la instalación de una estructura orgánica con secretarías que asumirán la responsabilidad sobre procesos administrativos y participativos, buscando mantener altos estándares de eficacia y transparencia.
Una etapa deliberativa que promueve la participación, inclusión y transparencia fortalecerá el proceso constituyente, dotará de legitimidad el trabajo de la Convención y hará más probable avanzar a una carta fundamental que refleje los intereses de todas y todos y que sea aprobada en el plebiscito de salida. La Convención ha sido consciente de esto y la tarea en adelante será llevar los principios plasmados en sus reglamentos, a su práctica cotidiana, sin descuidarlos en la discusión de fondo.
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