Por Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía Usach

El año 1979 se ejecuta el plan laboral diseñado por Miguel Kast, el que consta de tres decretos de ley: 2.200, 2.756 y 2.758, que lograron estructurar de manera separada las relaciones del contrato de trabajo, las relaciones sindicales y negociación colectiva.

Todo este diseño modificó las relaciones laborales en nuestro país y produjo una pérdida muy significativa del poder de los sindicatos en los procesos de negociación, elemento que estuvo marcado por la flexibilización y precarización del mercado laboral. Todo ello acompañado de una disminución de sus salarios reales, provocada también por la manipulación de los datos del IPC y por la caída de la productividad debido a la disminución de la capacidad instalada. Así aumentó la desigualdad del poder del empresariado en comparación con el poder de los trabajadores, reduciéndose el espacio de lo colectivo en las relaciones laborales y su efectividad en la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.

El rediseño del mercado del trabajo tuvo fuerte injerencia sobre la vida laboral de las personas, afectando incluso el tiempo libre del que disponían para sus necesidades básicas, para sus familias, para la construcción de vínculos comunitarios y para su participación política, provocando una articulación problemática del tiempo por este trabajo sin fin y por las diversas demandas de tiempo vital de los individuos. El tiempo asignado al trabajo debe redistribuirse si aspiramos a construir una sociedad sana, equitativa y cohesionada, en donde los diversos espacios colectivos e individuales adquieran importancia y factibilidad temporal.

Las transformaciones en el mercado laboral han impactado fuertemente la vida familiar y comunitaria. En este sentido el proyecto de ley de 40 horas viene a resolver una problemática central respecto de la calidad de vida, pues amplía el tiempo libre para el descanso, la entretención, para poder desarrollar y reconstruir los lazos sociales en nuestro país, tanto los de nuestras relaciones familiares como aquellos más distantes que se relacionan con ámbitos sociales o con espacios institucionales mediante procesos de participación política.

Como todo proyecto que modifica un elemento sustantivo en la estructura laboral, convoca a distintos actores. En este sentido, entonces el gobierno hábilmente convocó a un diálogo social en el que participaron las centrales de trabajadores CUT, CAT, CTCH y los empresarios representados por la CPC. Dicho diálogo no solo ha marcado los énfasis del diseño de la propuesta de proyecto de ley de 40 horas, sino que además ha avanzado en sus primeros pasos de realización, pues ya 100 empresas han obtenido el sello 40 horas por haber implementado esta jornada laboral anticipándose a la ley y ya hay más de 700 en procesos de certificación, de las cuales el 90% son pymes.

El 70% de los países de la OCDE han establecido un límite de 40 horas semanales o menos. Así, el año 2021 en Chile se trabajó 1.916 horas anuales, un 11,7% por sobre el promedio de los países del bloque. Por tanto, el proyecto de 40 horas que aumenta el tiempo libre es una política pública realista y tremendamente necesaria para el buen desarrollo de la vida de las personas y para el fomento de una sociedad económicamente productiva y cohesionada.