Un decálogo para avanzar…

Imagen-SEBASTIAN-PIÑERA-ASISTE-A-LA-CUENTA-PUBLICA-DE-LA-CONTRALORIA25730

El Presidente Sebastián Piñera junto al ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel. Foto: Mario Téllez



Primero, el gobierno debe terminar su período y así honrar el mandato ciudadano que ampliamente lo votó en las últimas elecciones. Cualquier otra alternativa es un costo demasiado caro para nuestra frágil democracia.

Segundo, y pese a lo anterior, el Ejecutivo debe entender que la situación cambió dramáticamente, al punto que sí concluyeron anticipadamente sus originales objetivos y que ahora debe ponerse, junto a muchos otros, en la tarea de entender y conducir esta crisis.

En tercer lugar, la agenda corta del gobierno es un primer paso, necesario, pero muy insuficiente. ¡No más letra chica! Las 10 iniciativas anunciadas deben ahora separarse de sus respectivos proyectos, discutirse con suma urgencia y aprobarse todas antes de que termine noviembre.

Cuarto, solo aprobada la agenda corta, el actual Congreso podrá abocarse a una profunda reflexión sobre este conflicto y los cambios estructurales que podrían afrontar sus causas.

Como quinto, Chile requiere una nueva Constitución, tanto en cuanto su contenido como también a lo virtuoso de discutirla. Pero la más amplia y legítima asamblea constituyente debería ser un Parlamento democráticamente elegido en las próximas elecciones de 2021.

Sexto, como dicha decisión debe ser preparada y legitimada, es necesario que se convoque a una suerte de "Consejo de Estado"; un cuerpo colegiado donde estén representadas las fuerzas políticas, como también las personas que lideran las principales organizaciones sociales, académicas, empresariales y culturales del país.

Séptimo, dicho consejo no solo debiera contribuir a generar la base de una propuesta constitucional, sino también a conducir un proceso amplio de participación ciudadana, autónomo y descentralizado, para estos dos años que restan de mandato, con el propósito de que esa propuesta sea sancionada por el próximo Congreso y después ratificada ciudadanamente por un plebiscito.

Octavo, y como leí por ahí, es necesario distinguir entre el estallido social y el estallido antisocial. Una sociedad democrática tiene el derecho y el deber de imponer la fuerza socialmente organizada contra quienes ejercen la violencia y la justifican como medio de acción política.

Noveno, la legitimidad del uso de esa fuerza por parte de los organismos del Estado estriba justamente en que se use en defensa de los ciudadanos que componen la comunidad política. Por lo mismo, todas las violaciones de DD.HH. deben ser investigadas y duramente sancionadas.

Y finalmente décimo, ya habrá tiempo para cobrarnos las cuentas pendientes, las pasadas y las presentes, que no son pocas. Pero hoy está la patria por delante y el tiempo se nos acaba.

Comenta

Imperdibles