La acusación constitucional que la Cámara de Diputados aprobó ayer en la madrugada en contra del Presidente de la República -la segunda que debe enfrentar el Jefe de Estado durante su actual mandato- ha sido, a no dudar, uno de los espectáculos más degradantes que se ha visto en nuestra política. Lejos de haber sido una instancia de análisis en profundidad y un intercambio de puntos de vista jurídicos -por cierto también políticos-, la dinámica en que se desenvolvió terminó reduciéndola a una suerte de puesta en escena que en nada enaltece el rol del Congreso.

Probablemente el elemento más llamativo fue la extensa exposición del diputado acusador Jaime Naranjo (PS), quien habló en el hemiciclo durante 15 horas seguidas, valiéndose de que en el caso de una acusación constitucional no existe en el reglamento del Congreso alguna disposición que permita la clausura del debate. Fue una burda treta para prolongar artificialmente la sesión a fin de que se cumpliera el plazo de la cuarentena a la que se encontraba sujeto el diputado Giorgio Jackson, y así poder concurrir a la sala para emitir su voto a favor. Los acusadores necesitaban un total de 78 votos para declarar admisible la acusación, logrando su aprobación con ese número.

La cinematográfica llegada de Jackson al Congreso, los diputados que fueron rotándose para hacer de “escoltas” de Naranjo en su interminable alocución -quien además fue captado solicitando a los parlamentarios de oposición que abandonaran la sala para así lograr que la sesión pudiera ser suspendida temporalmente por falta de quórum-, fueron parte de las escenas de una jornada que difícilmente podrá ser olvidada. Se llegó a tal punto que incluso hubo una abierta violación de los protocolos sanitarios, pues la bancada DC presionó al diputado falangista Jorge Sabag para que retornara desde Chillán, a pesar de que tenía pendiente el resultado de un PCR, poniendo irresponsablemente en riesgo al personal del Congreso así como al resto de los diputados. Será el Senado el que ahora deberá pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del Mandatario, donde cabe esperar que escenas como éstas no se repitan.

Si bien la oposición se ha felicitado por el resultado de esta jornada, y la ha calificado de “épica”, es difícil que a ojos de la ciudadanía esto pueda ser caratulado de tal. En su afán de asestarle una derrota política al gobierno, los parlamentarios parecen no haber dimensionado que tras este espectáculo el prestigio del Congreso probablemente ha caído aún más, lo que resulta inexplicable cuando dicha institución está prácticamente al fondo de la tabla en materia de confianza, y su imagen debería ser celosamente cuidada, pues se trata de una de las piedras angulares de toda democracia.

La circunstancia de que una acusación constitucional tenga un sustrato político no puede ser excusa para que una situación de enorme implicancia para el país -como es el hecho de que se busque la destitución de un Presidente en ejercicio- se trate de la forma tan ligera en que se vio durante esta jornada -resulta especialmente decidor que se haya hecho coincidir con la antesala de las elecciones del próximo domingo 21-, confirmando que esta herramienta que la Constitución entrega al Congreso se está desnaturalizando gravemente, tal como se refleja en que esta es la undécima acusación que se presenta durante el actual período presidencial.