Por Martina Yopo Díaz, Escuela de Sociología, Universidad Diego Portales

La pregunta por tener o no tener hijos está al centro de los debates sobre la reproducción social en el contexto de la crisis climática. El surgimiento de futuros distópicos caracterizados por inundaciones, sequías, incendios forestales, contaminación de ciudades y océanos, desplazamientos masivos, guerras y hambrunas, se vincula con frecuencia al aumento de la cantidad de personas en el planeta. Datos recientes de las Naciones Unidas muestran que la población mundial ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas, aumentando de 2.600 millones de personas en 1950 a aproximadamente 7.700 millones en la actualidad. En el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26), ha vuelto a surgir con fuerza el argumento de que controlar el crecimiento de la población es esencial para frenar los efectos catastróficos del aumento de emisiones de dióxido de carbono y alcanzar el desarrollo sostenible.

La preocupación por el crecimiento de la población y la sostenibilidad de la vida en el planeta es de larga data. Ya a fines del siglo XVIII, el economista británico Thomas Malthus estimaba que el crecimiento de la población era más acelerado que el de los medios de subsistencia para sostenerla, y que por lo tanto el aumento del hambre y la pobreza sería una consecuencia inevitable del aumento de personas en el planeta. Esta relación entre crecimiento de la población y pobreza ha estado a la base también de múltiples políticas y programas de desarrollo implementados durante el siglo. Entre ellas, las políticas de control de la natalidad y planificación familiar que se implementaron en Chile y América Latina desde 1960 como parte de la política de seguridad nacional de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría.

Sin embargo, el promover el control de la tasa de natalidad como una estrategia efectiva para enfrentar la crisis climática involucra aspectos problemáticos que es importante reconocer y discutir. Esta estrategia reproduce una forma de producción capitalista basada en la explotación de recursos naturales y naturaliza un modo de vida basado en el consumo excesivo de bienes materiales. Por ejemplo, datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente muestran que la industria de la moda es responsable del 10 por ciento de emisiones anuales de dióxido de carbono, más que todos los desplazamientos aéreos y marítimos internacionales en conjunto. Esta estrategia invisibiliza también las profundas asimetrías y desigualdades en la contribución a la crisis climática que existen entre países y entre las personas que viven en ellos. Por ejemplo, un informe reciente de OXFAM muestra que las emisiones de dióxido de carbono del 1 por ciento más rico del mundo son más del doble de las emisiones del 50 por ciento más pobre.

El control de la natalidad como estrategia para enfrentar la crisis climática también supone importantes desafíos para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El instrumentalizar la fertilidad de los cuerpos femeninos como estrategia política de resolución de crisis supone el riesgo de desconocer su autonomía y justificar su explotación. Además, y desde una perspectiva interseccional, supone el riesgo de profundizar desigualdades sociales y de género, ya que con frecuencias son mujeres pobres, indígenas, negras, analfabetas, con discapacidad y de zonas rurales del sur Global quienes son definidas como objeto de las políticas de planificación familiar. Basta solo con recordar la política antinatalista de planificación familiar implementada en Perú bajo el gobierno del Alberto Fujimori (1990-2000). Con el fin de reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo, se estima que se esterilizó forzadamente a más de 250.000 mujeres, en su mayoría de escasos recursos, quechua hablantes, y de procedencia rural o urbana marginal.

La crisis climática es un desafío urgente que requiere de medidas inmediatas en el presente para preservar el futuro. En el ámbito de la reproducción social, más que promover políticas antinatalistas que suponen el riesgo de legitimar el ecofacismo, la eugenesia y las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es importante avanzar en justicia reproductiva y desnaturalizar la reproducción. Hoy en el mundo hay todavía muchas mujeres que no tienen conocimiento ni poder sobre su sexualidad y fertilidad. Garantizar su capacidad efectiva para decidir, a partir de sus propios valores y aspiraciones, si tener hijos y cuándo tenerlos es fundamental para avanzar en políticas de población más sustentables. También hay muchas mujeres a quienes se les imponen mandatos culturales en torno al deber de ser madres y al tener hijos como un hito biográfico y social ineludible. Flexibilizar las normas sociales en torno a la reproducción constituye también un paso importante para redefinir las dinámicas de crecimiento de la población. La solución demográfica a la crisis climática no es un futuro sin hijos, sino más autonomía, equidad y justicia para que las mujeres tengan solo los hijos que quieran tener.