Si bien los homicidios han disminuido en un 20% durante los últimos tres años, la violencia intrafamiliar, padecida principalmente por las mujeres, se hace cada vez más cotidiana para muchas familias chilenas. Hace una década atrás, la situación ya era preocupante pues cerca de 100.000 mujeres eran registradas como víctimas de este delito por el Ministerio Público. Para 2025, el fenómeno ha escapado de control, registrándose solo el año pasado 146.616 mujeres víctimas de esta clase de hechos. Si bien es necesario informar a la opinión pública de estas cifras, suele hablarse menos sobre la hoja de ruta para enfrentar este fenómeno para enfrentar este fenómeno.

Existen tres ámbitos clave para mejorar la protección que actualmente el Estado da a las mujeres víctimas de violencia al interior de sus familias.

Uno de ellos es el programa “salas de familia” de Carabineros de Chile. Desde 2017 ha permitido instalar en más de 60 unidades policiales espacios protegidos y funcionarios especializados en la toma de declaración de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Esto entrega más tranquilidad a las mujeres denunciantes en un momento especialmente duro de sus vidas y permite levantar información de mejor calidad para el proceso judicial. Una evaluación del programa realizada en 2023 por el Centro UC Justicia y Sociedad estimó necesario para potenciarlo ampliar su horario de funcionamiento en las comisarias y extenderlo a ampliar su funcionamiento hacia los domicilios de las mujeres que no pueden concurrir a las comisarias a denunciar a sus agresores.

Otro aspecto importante es mejorar el instrumento de evaluación de riesgo de revictimización que actualmente es usado por el Estado de Chile –la Pauta Unificada Inicial de Riesgo (PUIR)-. Al realizarse una denuncia, se aplica un cuestionario a las mujeres víctimas que permite levantar alertas sobre situaciones de peligro para las denunciantes. Como parte de las recomendaciones formuladas desde la UC al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2024 se sugirió que, si bien era necesario actualizar dicho cuestionario, más importante aún era mejorar los sistemas de registro y transmisión de la información generada entre policías, fiscales y centros de la mujer pues cuestiones tan sencillas como la dificultad para acceder a los resultados del cuestionario, retarda y dificulta la respuesta oportuna hacia las mujeres agredidas.

Quizás el problema más recurrente en la experiencia cotidiana de muchas mujeres víctimas es la ineficacia sostenida del Estado para supervisar las medidas judiciales de protección decretadas en su favor. Controles policiales y audiencias judiciales de seguimiento aleatorias y cuyo funcionamiento podría ser potenciado mediante herramientas de IA emergen como mejoras posibles en esta materia.

En definitiva, si bien debemos visibilizar la violencia contra las mujeres mediante cifras, esto es insuficiente. Tras cada número, hay mujeres que sufren y requieren de propuestas eficaces que sean implementadas por el Estado para evitar generar más dolor en ellas y sus familias.

Por Ulda Omar Figueroa, coordinador de Estudios en Justicia, Centro UC Justicia y Sociedad