La tasa de interés que pagan las pymes es alta por diversos factores —en Chile pagan cuatro puntos porcentuales más que las grandes empresas. Uno de los problemas es el cierre: la cobranza judicial es lenta, el recupero es bajo y cada peso no recuperado se transfiere al spread que paga el segmento. ¿Qué pasaría si apoyáramos a las pymes antes de que cierren y, en el camino, aumentáramos la productividad, el empleo y resolviéramos los problemas de sucesión familiar? La experiencia internacional muestra tres puntos de intervención.

El primer punto de intervención está en las empresas que empiezan a fallar. La ventana entre los primeros problemas de liquidez y el cierre definitivo suele ser corta. Estados Unidos combina garantías crediticias con apoyo técnico: el programa 7(a) de la Small Business Administration garantiza préstamos con cobertura de hasta 85%, mientras su red de centros entrega asesoría y capacitación. Son herramientas distintas que permiten actuar antes de que los problemas lleguen a tribunales.

Un problema es el dueño sin sucesor identificado. En Japón, más de un millón de dueños de pymes tienen más de setenta años sin sucesor, y el país convirtió el problema en política económica. Desde 2018 su régimen tributario permite diferir y eventualmente eximir el impuesto a la herencia sobre acciones no cotizadas si el sucesor dirige la empresa por cinco años.

Hay un tercer escenario: empresas con operación viable y dueño dispuesto a entregarlas, pero sin comprador disponible. Estas transacciones tienen un beneficio adicional: cuando una pyme compra a otra, se generan economías de escala y ganancias de productividad. Japón subsidia los costos de asesoría, valorización y due diligence de cada transacción, y opera un registro público de organizaciones que apoyan las fusiones, adquisiciones y sucesiones de pymes, con cerca de 2.900 intermediarios certificados. Las operaciones por sucesión pasaron de menos de 300 en 2014 a más de 900 en 2024, reduciendo la asimetría de información.

Alemania tiene las tres etapas cubiertas por instrumentos que operan de forma coordinada. Su marco de reestructuración preventiva (StaRUG, vigente desde 2021) permite negociar planes antes de la insolvencia formal, con capacidad de vincular a acreedores disidentes cuando se cumplen las mayorías y condiciones legales. Su régimen tributario exime transferencias empresariales de hasta 26 millones de euros si se mantiene el empleo por siete años. Nexxt-Change, plataforma impulsada desde 2006 por el Ministerio Federal de Economía, KfW y organizaciones empresariales y financieras, ha contribuido a iniciar más de 20.800 procesos de sucesión. KfW financia adquisiciones mediante sus programas para emprendedores.

En Chile existen piezas sueltas: Fogape, BancoEstado y Corfo. Lo que falta es un circuito que conecte prevención, sucesión y compraventa de empresas en marcha. Se puede construir sobre lo que ya existe. A partir de Fogape o Corfo podría evaluarse un piloto de garantías para adquisiciones, con cobertura parcial y plazos largos, que movilice crédito privado. Corfo podría subsidiar la preparación de empresas para su venta —contabilidad, contratos, valorización—, porque muchos dueños no pueden costear ese proceso. También hace falta una plataforma que conecte vendedores, compradores, asesores y fuentes de financiamiento. Chile ya construyó estos mecanismos para sus grandes empresas y hoy corresponde extenderlos al resto del tejido productivo.

El diagnóstico habitual atribuye los cuatro puntos de spread al riesgo del segmento pyme. Ese diagnóstico captura solo una parte del problema. El margen que la banca cobra también refleja lo que ocurre en las tres etapas donde hoy faltan instrumentos. Bajar las tasas de las pymes empieza por reestructuraciones que salven lo viable y por un mercado donde las empresas cambien de manos —generando economías de escala y ganancias de productividad.

*Nicole Winkler es co-fundadora Tuwün Lab y Francisco Meneses es vocero económico de Fabrica Chile