SEÑOR DIRECTOR
Este domingo se definirán dos de los candidatos a las elecciones presidenciales. Pese a la importancia, múltiples grupos de la sociedad quedarán nuevamente excluidos de este proceso democrático.
Actualmente, hay cerca de 11.500 internos/as habilitadas para sufragar, impedidas de ejercer este derecho. Esta omisión constituye no solo una violación a la Constitución, que garantiza expresamente dicho derecho, sino que además es un incumplimiento a diversas sentencias de la Corte Suprema. Lo anterior conlleva excluir de la participación política a un grupo importante de nuestra sociedad, cuyas necesidades han sido históricamente invisibilizadas.
Otro tanto sucede con personas que se dedican al trabajo no remunerado de cuidados, personas con movilidad reducida y/o con discapacidad, trabajadores mineros, personas contagiadas con Covid-19 e incluso personal médico en turnos de urgencias.
El proyecto de ley de Voto Anticipado, que ofrece solución, se encuentra durmiendo en el Congreso. A pesar de tratarse de un tema urgente y haber sido remitido al Senado hace más de seis meses, no ha sido discutido.
Debemos ampliar los mecanismos de voto para habilitar y facilitar el derecho a sufragio de todo el padrón electoral. La participación es crucial para la legitimidad de los procesos democráticos.
Marcela Jofré
ONG Leasur
Margarita Maira
Ahora Nos Toca Participar
Antonella Oberti
Red de Acción Carcelaria
Rodrigo Villegas
Fundación Proyecto Reinserción
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