En septiembre de 2022, la entonces primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, y su ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, anunciaron un ambicioso paquete de recortes tributarios por 45.000 millones de libras, bajo la premisa de incentivar el crecimiento económico. Lo llamaron un “Plan de Crecimiento”, pero pronto fue apodado el Mini-Budget.

Sin embargo, omitieron deliberadamente solicitar al consejo fiscal británico (Office for Budget Responsibility, OBR) la publicación de su habitual evaluación fiscal y macroeconómica junto con el anuncio. La OBR requería una instrucción formal del ministro de Hacienda para emitir sus proyecciones.

La reacción de los mercados fue inmediata y negativa, reflejando, entre otras cosas, el impacto del “forzado silencio” al que fue sometido la OBR -el watchdog (perro guardián)- de las finanzas públicas del Reino Unido. El solo hecho de excluirlo generó suspicacias y amplificó la incertidumbre sobre la viabilidad fiscal del plan anunciado. La historia terminó con la renuncia de la primera ministra, apenas 44 días después de haber asumido el cargo.

Los consejos fiscales han ganado prestigio e influencia en las últimas décadas. Pero si son tan valiosos para fortalecer la sostenibilidad fiscal, ¿por qué solo 50 de los casi 200 países del mundo tienen uno? La respuesta es simple y paradójica: los motivos para no crearlos provienen, precisamente, de sus fortalezas. Un consejo independiente limita el margen de maniobra del poder político.

En Chile, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) nació formalmente en febrero de 2019 con la promulgación de la Ley 21.148, transformando al previo Consejo Fiscal Asesor (creado por decreto en abril de 2013). Hoy el CFA revisa el balance estructural, monitorea desviaciones de metas fiscales, propone mejoras metodológicas y presenta informes semestrales al Congreso. Consolidándose como un actor clave en la transparencia y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Clave fue el rol del CFA durante la pandemia, para asesorar y contener las presiones de gastos provenientes del mundo político. Así como en alertar sobre el financiamiento de políticas públicas en la recién aprobada reforma de pensiones, y en anticipar el incumplimiento de las proyecciones de ingresos fiscales y posterior incumplimiento de la meta fiscal los años 2023 y 2024.

Este prestigio e influencia no han estado exentos de dificultades. Impulsado por las recientes opiniones del CFA respecto de los resultados fiscales del gobierno, un grupo de parlamentarios oficialistas del Frente Amplio cuestionó públicamente a uno de los consejeros del CFA debido a sus opiniones críticas sobre la situación económica y fiscal del país, así como por su reciente incorporación al directorio de una AFP. Esta controversia artificial terminó involucrando a un segundo consejero por un motivo similar, situación que deberá ser resuelta por la Contraloría General de la República.

Es indudable que los consejeros del CFA no deben ceder a presiones partidistas. Su autonomía es clave para garantizar la credibilidad de sus decisiones. Respecto de su dedicación, a nivel internacional es poco común que sus miembros tengan dedicación exclusiva (salvo el presidente). En este contexto, es esperable que los consejeros sin jornada exclusiva, por las otras labores profesionales que realizan, puedan enfrentar eventuales conflictos de interés.

En consecuencia, resulta esencial contar con normas estrictas de transparencia y mecanismos eficaces para gestionar y prevenir cualquier conflicto que pudiera afectar la imparcialidad de sus decisiones. Llevado al extremo, si la mayoría de los consejeros debe inhabilitarse en un asunto donde la opinión del CFA es relevante, los mecanismos de autorregulación del consejo deben activarse para evitar llegar a esa situación, ya que de lo contrario podría terminar afectando al funcionamiento de la institución.

Esto adquiere aún mayor relevancia en el caso de instituciones autónomas, que no cuentan con una autoridad jerárquica superior, donde dichos mecanismos de autorregulación deben aplicarse en todas las decisiones relevantes que toma el consejo en su operación diaria.

Un verdadero watchdog fiscal no está para hacer amigos: está para “ladrar” cuando hay riesgo y “morder”, con evidencia, datos y objetividad, cuando la sostenibilidad fiscal está amenazada. Un ladrido -que a veces es silencioso- que de seguro la británica Liz jamás olvidará.