Eugenia López, directora regional de la IPPF: “Es un avance tener causales, pero no es el ideal”

Hace solo dos meses el Pleno del Consejo Constitucional del país comenzó a debatir el segundo acápite del proyecto de Constitución que aborda los Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales que incluirían en la nueva Carta Magna. Fue precisamente en la sesión del miércoles 20 de septiembre en donde se puso foco en el debate sobre el derecho a la vida y en donde se estipuló que “La ley protege la vida de quien está por nacer”, según se indica en el propio Artículo 16 inciso primero del proyecto.

Esto ocurre a poco más de cinco años de que fuese promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), también conocida como la Ley de Tres Causales. Una que –según algunas expertas– se pone en peligro con dicho artículo.

Una situación distante a lo que ocurre en otros países de América Latina como México, en dónde miles de mujeres salieron a las calles durante el mes de septiembre para celebrar la aprobación de una Ley de Aborto que rige a nivel federal y que, a diferencia de la chilena, permite el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación. Establece “causales” que operarían como excepciones al límite de las 12 semanas en casos de violación, de riesgo de salud de la madre, el riesgo vital, las malformaciones congénitas entre otros.

Estas diferencias abismales entre los avances que han hecho países vecinos comprometidos a los mismos lineamientos internacionales vinculados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres –que los propios gobiernos chilenos de turno han adoptado– dan cuenta de cómo el avance es todavía muy dispar.

Uno de esos consensos tuvo cede hace una década en Paraguay, cuando Chile y otros 37 países de Latinoamérica y el Caribe, firmaron un documento que establecía una serie de medidas para abordar los desafíos de la región en materias de población y desarrollo. De los ocho puntos que se firmaron en el Consenso de Montevideo, dos abordaban temas relativos a las mujeres: la no discriminación de género y el derecho a acceder a prestaciones de salud sexual y reproductiva, como por ejemplo, el aborto.

Eugenia López, Directora Regional para América Latina y Caribe de la Federación Internacional de Planificación Familiar IPPF, tiene una visión positiva, a pesar de que a nivel regional las realidades son muy dispares en términos de asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto porque –según explica– desde que se firmó ese primer documento con países vecinos, han habido cambios. “El Consenso de Montevideo es un acuerdo importante porque existen muy pocos precedentes en el mundo que agrupen a esta cantidad de países en pos del desarrollo y las personas, y también, porque pocos están tan dirigidos hacia un futuro con mejor educación sexual integral y acceso universal a la salud reproductiva para niñas, jóvenes y mujeres latinas”.

¿Qué cambios observas desde la firma de ese acuerdo?

Sin duda el Consenso es el documento más progresista que hay en esta agenda en el mundo. Y sí hay algunas cosas que podemos celebrar de estos diez años: han habido avances significativos en la legislación para despenalizar el aborto en Argentina, México y Colombia, por ejemplo.

También creo que es importante destacar que en los últimos diez años han habido cambios legislativos en relación al matrimonio igualitario en diferentes países y también, quizás más reciente, la creación o fortalecimiento de políticas en educación integral en sexualidad que han mejorado el acceso que hoy tienen adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La Ley chilena 20.030 que despenaliza el aborto en tres causales fue el mayor avance que se hizo en el país desde la firma del Consenso. ¿Por qué no alcanzó a estar en la lista de los logros que destacarías en estos años?

Tienes razón. Lo que pasa es que me fui a las que son más amplias o que despenalizan por completo el aborto. Creo que sin duda es un avance tener las tres causales en Chile. Creo que hay trabajo que hacer todavía en lo que tiene que ver con objeción de conciencia. Sobre todo a nivel institucional, para asegurar que ese derecho del objetor se respete, pero también el de la paciente que requiere de un procedimiento médico. Otro tema pendiente de la Ley IVE es el de las semanas que se definen como plazo para la causal de violación. Sobre todo porque sabemos desde la experiencia de la respuesta a la violencia basada en género, que las violaciones no necesariamente se reportan de inmediato.

Además sabemos que la violencia sexual está muchas veces vinculada con personas cercanas a la sobreviviente. Entonces las amenazas, el miedo, la inseguridad, implican que realmente tienes que armarte de mucho valor para denunciar. Creo que en ese contexto, establecer un límite máximo de semanas de gestación, es una barrera extra que no se necesita. Porque lo cierto es que, no hay ninguna justificación para poner una restricción de semanas con el avance de la tecnología que tenemos.

¿Aún así te parece que la ley chilena es un avance?

Es un avance. Basta con mirar países como República Dominicana y otros países del Caribe inglés, en los que el aborto está criminalizado totalmente. Ahí no solo se cierra el acceso, sino que también se crea un ambiente de persecución, incluso para abortos espontáneos. En El Salvador esa problemática de persecución la tenemos muy documentada.

Por eso creo que sí es un avance tener causales. No es lo que queremos, no es el ideal, pero puede ser un camino para lograr más. En este sentido creo que, lo más importante, es seguir insistiendo. Seguir abriendo camino y que el movimiento feminista tanto del país como de la región, acompañe el proceso y que sigamos avanzando.

De hecho tenemos ejemplos en los que se partió con una ley de aborto con muchas restricciones, y que finalmente dieron paso a una legislación más integral...

El mismo caso de México. Allá se empezó igual, con causales como el riesgo de la vida de la mujer, las malformaciones congénitas y la violación. Esas mismas tres estaban al principio. Con esto queda en evidencia que este no es un desafío lineal. Los diferentes estados vamos avanzando de diferente manera y se va ampliando el derecho.

En Colombia también existía una restricción que apelaba al daño a la salud de la madre, y las mujeres lograron que ese mismo enunciado fuese interpretado entendiendo una definición completa de salud. Salud como un estado general de bienestar físico, emocional y mental. Si de esa causal lograron pasar a la despenalización del aborto hasta las 24 semanas, entonces no creo que haya que descartar este tipo de políticas como un avance. No es un error. Pero hay que insistir que no es ahí donde queremos quedarnos.

Si tuvieses que elegir un tema urgente o prioritario en la región relacionado a salud sexual y reproductiva que no se esté abordando con suficiente énfasis, ¿cuál sería?

Creo que que nos hace falta resguardar y asegurar la implementación de la educación integral en sexualidad. Y es muy importante que involucremos en la implementación tanto a docentes como a las familias y a las redes de jóvenes que sabemos son los pares, porque los adolescentes suelen recurrir y obtener información a través de sus propios círculos. Eso permite también generar redes de apoyo para que la educación integral en sexualidad no esté en riesgo. Porque existen grupos dentro de la sociedad civil que están en contra de que las personas tengamos toda la información sobre nuestros derechos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción. Y eso, nos pone en situaciones de mucho más riesgo y vulnerabilidad. Expone a las mujeres a abortos inseguros, a discriminación, incluso a crímenes de odio, porque la desinformación alimenta la discriminación.

Creo que la educación integral en sexualidad tiene un potencial positivo de dar poder, de dar información y de fortalecer la autonomía de las personas; también de cambiar el paradigma de género para poder realmente terminar con las formas en las que hemos ido construyendo esta desigualdad de género sistémica.